El juicio por el posible amaño del encuentro que enfrentó al Levante y al Zaragoza en la última jornada de la temporada 2010/11 ha arrancado este martes a las 10.35 horas en la Sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de Valencia con los 42 acusados presentes.

En total son 36 jugadores, los acusados, los 18 convocados por cada equipo para ese choque, además de Javier Aguirre, entrenador del Zaragoza en aquella etapa, Antonio Prieto, exdirector deportivo del club, así como Agapito Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera, expresidente y exdirectivos del club. También figura como acusado el Zaragoza como entidad jurídica.

Además del Ministerio Fiscal, ejercen como acusaciones particulares la Liga de Fútbol Profesional y el Deportivo de la Coruña

Los 36 futbolistas acusados comenzaron a acceder a la Ciudad de la Justicia de Valencia, poco antes de las nueve de la mañana, para asistir a la primera jornada del juicio.

Entre los primeros en llegar estuvieron por parte de aquella plantilla del Zaragoza Toni Doblas, Leo Franco, Gabi Hernández o Ander Herrera y por la del Levante Juanfran Garcia, Manolo Reina, Vicente Iborra, Javi Venta, Sergio Ballesteros o Xavi Torres.

También entró el técnico mexicano Javier Aguirre, entonces entrenador del Zaragoza, acusado también como el entonces presidente del club, Agapito Iglesias, y varios directivos de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, LaLiga y el Deportivo de La Coruña, sostienen que el Zaragoza, que también está acusado como entidad jurídica, ingresó casi un millón de euros en las cuentas de sus jugadores que habrían sacado ese dinero de sus cuentas y se lo habrían entregado a los futbolistas del Levante, para garantizarse ganar un encuentro que les permitió quedarse en Primera.

La mayoría de los acusados no realizaron declaraciones a la entrada y solo Iglesias dijo que "por supuesto" se considera inocente de unos cargos que pueden suponer entre dos y cuatro años de cárcel.

Aunque en un principio la titular de Instrucción 8 archivó el caso, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura y lo abocó a un juicio que será el primero a gran escala que se celebre en España.