La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez José de la Mata reabrir el caso Neymar para procesar al futbolista, a su padre, al expresidente azulgrana Sandro Rosell y al Santos por el supuesto engaño a DIS en el precio del traspaso: este fondo brasileño gestionaba el 40% de los fondos federativos del delantero y, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido. El Barcelona no está imputado en este procedimiento.
Con esta decisión se revoca el archivo de la causa por el fichaje acordado por el juez De la Mata en julio y se le ordena la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado (paso similar al procesamiento) al ver indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia. El jugador, incluso, se expone a la cárcel.
Respecto al delito de corrupción entre particulares, los magistrados examinan dos contratos de 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2011, cuyo objeto es precisar las condiciones de traspaso del jugador y concluyen que hay indicios de delito por cuanto “mediante la firma de los contratos, se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas”.
En relación al delito de estafa impropia, circunscrito a los contratos realizados en 2013, cuando el Barcelona anticipa la contratación de Neymar, sin esperar que fuera libre al año siguiente, se constata que el Santos cedió al club azulgrana los derechos federativos por 17,1 millones, operación que fue comunicada a DIS, que percibió el 40%. “Ahora bien --dicen los jueces--: sobre esta premisa, tienen lugar otros contratos que, aun habituales en el mundo futbolístico, este tribunal aprecia indicios de simulación consciente y urdida para la comisión de estafa”. Entre ellos, el contrato para la celebración de un amistoso entre ambos equipos, de carácter gratuito, en el que expresamente se pactaba que si no se celebraba mientras Ney era jugador del Barça, este abonaría al Santos la “no despreciable” cantidad de 4.500.000 euros.
RAZÓN A LA FISCALÍA // La decisión da la razón a la Fiscalía, que en un escrito del pasado 7 de junio, también solicitó que se continuara el procedimiento contra el Barcelona y el Santos como personas jurídicas; y contra sus expresidentes, Sandro Rosell y Odilio Rodrigues, respectivamente.
El fiscal cifraba el dinero real abonado por el polémico fichaje de Neymar en 83 millones de euros y precisaba que, como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, la empresa DIS dejó de percibir 10 millones, por lo que debe ser indemnizada con 3,2 millones. H
