Cuando trabajaba en el sector privado Pat Cipollone, ahora abogado de la Casa Blanca, dijo a sus colegas que había dos enfoques para enfrentar batallas legales. Uno era la diplomacia, intentar negociar un acuerdo para evitar un litigio doloroso y costoso. El otro era la guerra.
La anécdota la recordaba The New York Times poco después de que Cipollone enviara el martes al Congreso una carta en nombre de Donald Trump anunciando, más con un comunicado político que con argumentos legales, que el presidente de Estados Unidos no va a colaborar con la investigación del proceso de impeachment. Con el bloqueo de documentos y comparecencias ha quedado meridianamente claro, aunque ya lo estaba, qué opción ha tomado el ocupante del Despacho Oval. Y se recrudece en Washington esta contienda que es crisis constitucional, porque el oponente de Trump, la Casa de Representantes a la que la Constitución reconoce el derecho exclusivo del impeachment, no tiene intención de replegarse. Y tiene armas para librar la batalla.
Voto, tribunales y arrestos
Michael Stern, que fue abogado en la Cámara baja entre 1996 y 2004, es uno de los expertos legales que consideran conveniente que se someta formalmente a voto la investigación para el juicio político y se adopten procedimientos similares a los que se siguieron contra Richard Nixon y Bill Clinton. No son pasos obligatorios, pues la Constitución no fija reglas y procesos, pero eso desarmaría una de las críticas de la carta de Trump, que ha cuestionado que al no votar formalmente y al romper con precedentes los demócratas merman la capacidad de republicanos de llamar a sus propios testigos o de que la Casa Blanca los interrogue. "Esa petición no es del todo no razonable", opina Stern en una entrevista telefónica.
Incluso si no hay voto formal, no obstante, el Congreso tiene otras herramientas. Una es acudir a los tribunales, pero eso puede alargarse meses o años. Otra, más radical, sería declarar en desacato a quienes no colaboren y usar al sargento de armas del Congreso para arrestarles.
"Es muy difícil y plantea temas muy delicados", explica sobre esa opción Stern, que recuerda que la última vez que se hizo fue en 1935 y "nunca contra el Ejecutivo en un contexto como este". Pero es una posibilidad, quizá no viable con Trump o miembros de la Administración pero sí con alguien como Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump, sin cargo en el ejecutivo, y cuyo papel en el caso de Ucrania está en el epicentro del terremoto político.
Obstrucción
El bloqueo de Trump, además, alimenta la posibilidad de que se sume un potencial cargo de obstrucción. Ya sucedió con Nixon y se estudió con Clinton. Y, como en 1974, los demócratas están usando la figura de inferencia adversa, que interpreta que los testigos e información a los que se niega el acceso ratificarían las acusaciones.
No es el plan que tenía cuando lanzó la investigación Nancy Pelosi ni la línea que querían seguir muchos demócratas, centrándose únicamente en el caso de Ucrania. Pero, como dice Stern, muchas de las razones para que haya en marcha un impeachment es que este no es un presidente normal. Desafortunadamente para los demócratas, Trump hace tantas cosas que son irregulares, impropias y potencialmente delictivas, a menudo en público, que es difícil apuntar a un solo delito.
Tras revelaciones como la de que Trump intentó que Rex Tillerson mediara cuando era secretario de Estado a favor de un cliente turco-iraní de Giuliani el congresista Jim Himes ha dicho que existe "obligación de ver lo profundo que llega esta cloaca". De momento, no obstante, Pelosi sigue resistiéndose a ampliar el foco de sus investigaciones. Tiene el respaldo incluso de congresistas progresistas como Pramila Jayapal, que aun consciente de que "cada día encontramos una cosa nueva" ha pedido "mantener la concentración en lo que es más fácil explicar".
Con esa guía los demócratas siguen pisando el acelerador. Este viernes testificó durante nueve horas Marie Yovanovitch, la que fue embajadora en Kiev, que denunció ferozmente su cese por motivos políticos. Esta semana podrán interrogar finalmente a Gordon Sondland, el embajador en la Unión Europea, cuya aparición en Capitol Hill frenó Trump. También se espera a Fiona Hill, que fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional.
