La sentencia por la que la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell ha dejado en entredicho la labor de la jueza Carmen Lamela, que instruyó la investigación y que en numerosas ocasiones rechazó la puesta en libertad provisional del investigado. Lamela, jueza de la Sala de lo Penal de la AN, ordenó el ingreso en prisión de Rosell por los delitos blanqueo de capitales y organización criminal. Lamela fue, además, la magistrada que instruyó el caso de los políticos catalanes presos, ordenando su ingreso en prisión, hasta que el proceso pasó a manos del Tribunal Supremo.

La jueza rechazó todas las peticiones de la defensa de Rosell para su excarcelación alineándose con la Fiscalía y argumentando que existía un riesgo de fuga "altamente probable" que "frustraría" una investigación que estaba "prácticamente terminada". Además, en su apertura de juicio oral, exigió a Rosell además el pago de una fianza de 78,6 millones de euros en el plazo de 24 horas.

La jueza, en el cierre de la instrucción, proponía juzgar a Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por blanqueo de capitales y organización criminal. La magistrada consideraba acreditado que formaban una organización criminal a través de la que se apropiaron de 15 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por los derechos de retransmisión de 24 partidos amistosos de la selección, así como de otros cinco millones, a través del patrocinio de Nike.

SIN PATRIMONIO

De nada sirvieron las peticiones de la defensa y el ruego que el propio Rosell le hizo cuando compareció ante ella. El expresidente le aseguraba, tras llevar un año encarcelado, negaba que existiera riesgo de fuga ya que la Audiencia Nacional le tenía bloqueados 30 millones de euros, por lo que no disponía del patrimonio en el extranjero por el que el tribunal no le dejaba abandonar la prisión.