El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Bolivia emitió un informe tras una investigación gubernamental sobre el accidente de avión que mató 71 personas, entre las cuales había jugadores del Chapecoense, periodistas y personal de la aeronave. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Milton Carlos, ha señalado al piloto del avión, Miguel Quiroga, y la aerolínea boliviana Lamia, compañía de la nave, como los principales responsables. Quiroga, una de las víctimas, era copropietario de la compañía.

"Lo que ha acontecido con este trágico evento es responsabilidad de la empresa Lamia y el piloto", sentenció Milton Carlos, quien asegura que su ministerio está asumiendo acciones para sancionar los actos de responsabilidad de servidores públicos por algunas omisiones que se han detectado.

El jefe ejecutivo de la compañía Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, ha sido encarcelado y está pendiente de jucio por homicidio involuntario. Él se declara inocente. Su hijo, Gustavo Vargas Villegas, un exoficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil, también está retenido pendiente de proceso judicial acusado por uso indebido de bienes del estado autorizando la licencia del avión accidentado. También se declara inocente.

Al otro copropietario de la compañía, Antonio Rocha, también se le han presentado cargos pero se encuentra en paradero desconocido. Además, una controladora de tráfico aéreo, Celia Castedo, ha sido acusada de aprobar el plan de vuelo. Castedo habría huido a Brasil, donde habría pedido asilo.