El presidente del Gobierno echó ayer un jarro de agua fría sobre el triunfo emocional que para las familias del Yak-42 supone que el Consejo de Estado considere al exministro Federico Trillo responsable de la peor tragedia del ejército español en tiempos de paz. Mariano Rajoy, de vacaciones en Galicia, defendió al entonces titular de Defensa, ahora embajador en el Reino Unido, tras darse a conocer el documento que señala que el accidente podría haberse evitado si el ministerio hubiese tenido en cuenta las múltiples advertencias que alertaban del «pésimo» estado del avión.

El PP también salió a blindar a Trillo y desoyó la petición de PSOE, Podemos y ERC, que registraron la solicitud para que sea destituido de inmediato y reclamaron también la comparecencia en el Congreso de la actual responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal y del de Exteriores, Alfonso Dastis. Los socios de los populares, Ciudadanos, fueron algo más tibios pero acabaron por sumarse también a la petición de comparecencia y a la destitución.

RESPONSABILIDAD / Nada obliga a Rajoy a mover un dedo para fulminar a Trillo, pero arroparle implica proteger a un dirigente cuya reputación está seriamente dañada por múltiples asuntos. El más grave, el accidente, en el que 65 personas (42 militares españoles y 15 miembros de la tripulación ucraniana) fallecieron al estrellarse el Yakolev en un monte de Turquía. Era el 26 de mayo de 2003. Durante el largo proceso judicial para esclarecer los hechos y con el drama de la identificación errónea de los cadáveres, su nombre quedó tan enfangado que incluso recibió la reprobación del Congreso por su responsabilidad política.

Su nombramiento al frente de la diplomacia en Londres, en el 2012, cuando ni siquiera dominaba el idioma, y el descubrimiento de que percibió pagos de una empresa implicada en una trama de corrupción cuando era ministro le han convertido en una figura incómoda para los populares, hecho por el que deja en evidencia aún más a Rajoy al defenderle.

«HACE MUCHÍSIMOS AÑOS» / «Eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años», opinó en su salida matutina a caminar por el monte. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tampoco consideró que el dictamen, revelado por El País, comprometa su actuación. «Su labor como embajador es muy distinta a la que tenía hace 20 años. Un ministro de Defensa siempre vela por la seguridad y estamos comprometidos con las familias», justificó.

Las familias, sin embargo, recibieron con decepción el blindaje de Trillo. Trece años después del accidente, el Consejo de Estado aprobó por unanimidad el pasado mes de octubre un informe, avanzado ayer por El País, que apunta al exministro como responsable de no ponderar el «especial riesgo».

«Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría», señala el dictamen. Concluye que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron y entiende que el procedimiento exigía al ministerio la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas.

Defensa había sido alertada por lo menos en 14 ocasiones sobre el estado precario en el que se encontraban los aviones contratados para transportar a las tropas que volvían a casa tras sus misiones de paz en Afganistán, como quedó acreditado ante los tribunales.

Aún así, mantuvo los contratos con empresas que seguían utilizando los destartalados aviones soviéticos.

Los juicios se prolongaron más de una década tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo pero las causas fueron archivadas. Únicamente prosperaron dos: una, contra los tres médicos militares que identificaron erróneamente a 21 de las víctimas, cuyos restos tuvieron que ser exhumados. En otros nueve casos no fue posible puesto que habían sido incinerados tras ser asignados a familias erróneas.

De los tres condenados, uno murió a los quince días, y los otros dos fueron indultados por Mariano Rajoy.

La causa civil permitió a las familias cobrar la indemnización por la muerte de los soldados. Las circunstancias dramáticas del accidente, la nefasta gestión por parte del Ministerio de Defensa y la frustración cuando la justicia archivó el grueso del proceso penal deja ahora a esas familias con el consuelo de un dictamen que es una victoria moral. Aunque el presidente Rajoy no permita que sea una victoria completa.