Punto y final a la situación del Reus Deportiu en LaLiga. El juez de disciplina social ha fallado expulsándole de la competición durante los tres próximos años del fútbol profesional, por los reiterados impagos a sus jugadores con la gravísima consecuencia adicional de que seis de ellos han tenido que abandonar el club, aplicándole, además, una multa económica de 250.000 euros.

Una sanción que ha caído como un jarro de agua fría entre empleados y nuevos propietarios de la entidad del Baix Camp. No por lo inesperado, sino por el poco tiempo de maniobra que tienen para presentar el nuevo proyecto y validar la existencia de recursos económicos suficientes como para liquidar la deuda de más de cinco millones creada por Joan Oliver, el expropietario.

Una terrible noticia que tiene efecto inmediato y que concede 15 días cara a la presentación de alegaciones, en busca de una rebaja de la pena, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

«Esperamos que se sancione al infractor y no al club con los nuevos propietarios», explicó Curt Onalfo, actual presidente del Reus, horas antes de conocer la dura resolución, que sume a un club con 109 años de historia en un mar de confusión, sobre el mismo futuro de la entidad, el destino de los futbolistas...