En la misma jornada en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó su negativa a impedir la retirada de la cruz de Callosa de Segura y mientras la Asociación Española de Abogados Cristianos espera respuesta al contencioso judicial que ha presentado para pedir que se conserve en este caso el monumento del parque Ribalta, este amaneció este jueves con la pintada «Púdrete Franco» por segunda vez en seis días, después de que los servicios de limpieza municipales retiraran la primera.
Javier Torres, presidente de la plataforma en defensa de la cruz de Castellón, cargó contra el Gobierno local, al señalar «al bipartito» como «el causante de todo este odio contra los símbolos religiosos». Torres aseguró, además, que la alcaldesa Amparo Marco, «pasará a la historia de Castellón como la que más animadversión ha mostrado contra los cristianos». No obstante, el representante del colectivo hizo un llamamiento «a la calma» a lo que denominó como sus «seguidores», así como les animó a «no caer en provocaciones ante este tipo de ataques».
EN LOS TRIBUNALES
Como publicó Mediterráneo, la organización de abogados cristianos presentó esta semana un recurso contencioso administrativo ante el juez en el que solicita medidas cautelares para evitar que el monumento del Ribalta sea retirado, tal y como planea el Ayuntamiento en cumplimiento de la ley de la memoria histórica, al dar por probado que se trata de un símbolo franquista, extremo que niegan frontalmente sus defensores.
El documento se dio a conocer el pasado martes, después del pleno municipal extraordinario de aprobación del presupuesto, que desbloquea una partida que permitirá desarrollar el plan arbóreo que sustituirá a la cruz en el parque Ribalta, previo a poder retirar el monumento.
En el escrito que fue remitido a los medios de comunicación por el mencionado colectivo de abogados, la presidenta de la organización confesional, Polonia Castellanos, insistió en la importancia de que «la justicia llegue a tiempo y no pase como en Callosa, que después de iniciar el derribo del monumento, el TSJ de Valencia lo paraliza, para posteriormente cambiar de opinión».
