La trama de Castellnou2005 está un paso más cerca del banquillo de los acusados. ¿El motivo? El demoledor informe del perito José Vicente Grangel, a quien María Victoria García Alós (jueza instructora del caso que trata de depurar las responsabilidades de la antigua cúpula directiva de la entidad) encargó estudiar la “gestión desleal” llevada a cabo entre 2005 y 2011, gracias a un análisis concienzudo de la contabilidad del Castellón. La conclusión cuantifica en 3,86 millones el daño causado, añadiendo 1,49 millones más por los efectos colaterales (subvenciones no cobradas, así como los recargos y sanciones), para un total de 5,35 millones. Además, les señala como responsables del descenso a Tercera, entre los graves perjuicios causados a la entidad.
En octubre del 2012, Conrado Marín puso la denuncia y García Alós imputó, inicialmente, a Antonio Blasco, José Manuel García Osuna, José Laparra y Álvaro Rodríguez-Hesles, al apreciar “indicios de delitos societarios”. El Castellón se sumó (junto a Ayuntamiento y Diputación), con lo que el número de señalados aumentó hasta los 21, entre ellos Miguel Ángel Ludeña, Ferran Giner... e, incluso, Manuel Grifo y Fernando Miralles. Alguno más puede sumarse, porque la trama también salpica a Jesús Jiménez.
REBATE // Grangel no solo se dedica al estudio de los números, sino que refuta las defensas de los principales imputados. Blasco arguyó que se había cambiado la contabilidad para incriminarle, a lo que el informe replica que “la contabilidad revisada coincide con las cuentas auditadas”. El exconsejero delegado, a quien considera el cerebro del presunto saqueo por desviar 2,8 millones, sostuvo igualmente que le habían falsificado la firma... pero el informe contrataca diciendo que “los fondos iban a sus empresas”.
Laparra esgrimió que no intervino en el área económica, pero Grangel establece que “no dudó en beneficiarse de las operaciones” y que tenía “cierto conocimiento de la situación”.
El perito también desmonta la tesis de Osuna, al estimar que, “como principal socio, era una de las personas que tenían control del club”, señalándole con el índice acusador como culpable del descenso administrativo en 2011: “Obtuvo una parte relevante del dinero que hubiese podido mantener al Castellón en 2ª B”.
Y ahora, ¿qué? Pues la instrucción todavía se prolongará, pues se abre el plazo ahora para las alegaciones. Según fuentes consultadas, podría prolongarse entre 18 y 24 meses. A partir de ahí, otra fase de notificación a todas las partes (sobre todo a los denunciados, que podrían seguir creciendo en función de la nueva documentación aportada). Fuentes consultadas apuntan a que pasarían hasta tres o cuatro años hasta ver la imagen de los Osuna, Blasco y compañía sentado en el banquillo de los acusados. H
