Los sindicatos están presionando al Gobierno de Mariano Rajoy para que desbloquee la reforma de la Seguridad Social que se había comenzado a preparar hace un año y que lleva meses paralizada. La comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados planteó la necesidad de que los Presupuestos del Estado asumieran unos 6.000 millones de euros anuales de gasto del sistema público no vinculados directamente a las pensiones contributivas e instó al Gobierno central a negociar una reforma con todas las organizaciones sindicales.
El déficit acumulado por el sistema público de pensiones, que llegó a alcanzar los 20.000 millones de euros, ha hecho que el Gobierno del PP haya ido sacando dinero procedente de excedentes anteriores depositado en el Fondo de Reserva de las pensiones. La hucha de la Seguridad Social se quedó este mes, después de un nuevo reintegro acompañado de la emisión de deuda pública para pagar la extra de Navidad, con 8.095 millones de euros, lo que apenas permite abonar la nómina de pensiones de un mes. En diciembre, el gasto de las pensiones marcó un nuevo récord: 8.881 millones.
La necesidad de reducir el déficit público acumulado al inicio de la crisis económica supuso la aplicación de los primeros recortes a la revalorización de las pensiones en España. A partir del 2014, la reforma que aprobó el Gobierno del PP cambió la fórmula para actualizar las prestaciones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) al desvincularlas de la inflación y ligarlas a la salud financiera de la Seguridad Social. Desde el 2014 está en vigor una horquilla de una subida mínima del 0,25% y una máxima del IPC más 0,50 puntos.
