El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el real decreto que pondrá en marcha la nueva renta mínima universal para garantizar un nivel de ingresos a las familias más desfavorecidas. Así lo anunció ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en un entrevista en RNE en la que, además, avanzó que alrededor de 100.000 hogares podrían tener acceso directo a la prestación, sin necesidad de tener que solicitarla, gracias a la información aportada por los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas.

«Estamos haciendo un esfuerzo a partir del conocimiento que tenemos de hogares que pueden cumplir las condiciones y viendo la posibilidad de hacer de oficio un reconocimiento de partidas que permitan arrancar con un número importante de familias que después puedan solicitarlo», explicó el ministro.

Para el resto de hogares, «desde el momento en que se apruebe el real decreto (el próximo 26 de mayo) se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia», indicó Escrivá. La prestación será mensual.

El Gobierno quiere abrir un procedimiento «multicanal» para solicitar la prestación a través de distintas administraciones y organismos, si bien será la Seguridad Social la encargada de su gestión. Según los borradores puestos en circulación por el Ejecutivo, la cuantía del ingreso mínimo oscilará entre los 426 y los 1.015 euros al mes, en función del número de miembros de la unidad familiar. Escrivá confirmó que para tener acceso a la prestación se tendrá en cuenta el nivel de ingresos del hogar y su volumen de patrimonio neto (una vez descontadas las deudas), sin tomar en cuenta la vivienda habitual. El ministro no adelantó cuáles serán los requisitos de renta y patrimonio que darán acceso a la prestación.

La nueva ayuda operará como un mínimo igual para todo el territorio que podrá ser completado por las comunidades autónomas en función de los criterios y en las cuantías que consideren oportuno. Se estima que cuando la medida esté a pleno rendimiento podrá alcanzar a alrededor de un millón de familias que ahora se encuentran por debajo del nivel de pobreza, con un coste anual de entre 3.000 y 3.500 millones de euros, según estimó ayer el ministro Escrivá.