El PSOE y Unidas Podemos decidieron ayer ampliar el acuerdo de coalición que firmaron hace unos meses para incluir una nueva medida: poner freno a los desahucios por impago del alquiler. Según fuentes de la Moncloa, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han trabajado «mano a mano para que este nuevo punto pueda introducirse en el acuerdo de Gobierno» con el objetivo de «tomar medidas para poner freno a otra lacra social que sufre» España.

Será en el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos donde se incluyan medidas «para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario», explicaron fuentes del Ejecutivo. Se trata de una modificación legal que, por el momento, no tiene fecha fijada por el Gabinete.

«Cuando uno tiene responsabilidades de Gobierno, lo que vale son los hechos, no las promesas. Hay que seguir trabajando en más medidas, pero estos son unos primeros hechos que van a aliviar la situación de miles de familias que a día de hoy no estaban viendo garantizado su derecho constitucional a la vivienda», sentenció Iglesias en un mensaje de Facebook. Además, fuentes de la Moncloa resaltaron que desde la vicepresidencia de Iglesias también se ha estado trabajando en coordinación con el área económica que dirige Nadia Calviño como vicepresidenta tercera de Economía «para ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios y para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella».

En marzo del 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una moratoria por tres años. Ahora, el Consejo de Ministros bicolor pretende aprobar a corto plazo una extensión de la prórroga hasta el 2024 y que, además, afecta a más gente. En este sentido, Iglesias subrayó que las familias monoparentales con hijo a cargo pasarán a engrosar la lista de situaciones de vulnerabilidad en el que ya se encuentran víctimas de violencia machista, personas en desempleo o aquellas unidades familiares en las que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentre en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.