La Administración General del Estado arranca el curso sin un acuerdo común para regular el teletrabajo. Mientras la mesa que discute esta cuestión para el sector privado ya tiene consensuado un borrador de decreto ley sobre el tema; en la pública este melón está por abrir. Así lo ha manifestado este lunes UGT en rueda de prensa, en la que ha hablado de "ruptura absoluta de la confianza" con el equipo de la ministra Carolina Darias. Una dilación en las negociaciones que también critican el resto de centrales (CSIF y CCOO) y que tiene otras cuestiones pendientes, como la revisión salarial para los próximos tres años o la convocatoria de la oferta pública de empleo de este 2020.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales tienen ya cerrado, salvo cambio sorpresa de última hora, un texto para regular el trabajo a distancia en el sector privado. Su aprobación es inminente y podría ir al Consejo de Ministros de la semana que viene, según explicaron fuentes del diálogo social. Y mientras unos acaban, otros todavía no han empezado, se lamentan las centrales. "Ni se nos ha convocado, ni tenemos noticias de que se nos vaya a convocar", ha afirmado el secretario de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, Carlos Álvarez.

"Lo que pedimos es lo mismo que ya se ha acordado en la privada", resume la responsable de Función pública de CCOO, Miriam Pinillos. Es decir, un acuerdo común y que no dependa de la discrecionalidad de cada administración. "Los empleados y empleadas de la administración nos trasladan sus quejas por la aplicación restrictiva y la disparidad de criterios que se están aplicando entre los diferentes departamentos", manifestaba CSIF en un comunicado reciente. Las centrales reclaman un mínimo común denominador en el que se especifique qué medios necesita el empleado público para trabajar, si procede una compensación de gastos y todo guiado por el carácter de voluntariedad; entre otros.