El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la plataforma SOS Hostelería contra el cierre de sus establecimientos ordenado por la Generalitat como medida restrictiva para frenar la pandemia. Fuentes del TSJCV han explicado a EFE que se admite el recurso como una decisión de trámite para poder estudiarlo y a lo largo de la semana podría pronunciarse sobre el fondo y las medidas que reclaman aunque de momento no ha emitido ninguna resolución. La hostelería en España está pendiente de las decisiones judiciales que podrían desembocar en una progresiva apertura de los establecimientos amparada por la ley, en el marco de una oleada de denuncias presentadas o por presentar.

Los hosteleros valencianos han mostrado su satisfacción después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV haya admitido a trámite su recurso y confían en que el tribunal valenciano siga los pasos de su homólogo en el País Vasco y acepte la reapertura inmediata de sus establecimientos.

SOS Hostelería presentó un recurso contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública "por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".

Para el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, la resolución de la Generalitat "es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores, según un comunicado.

A su juicio, la admisión a trámite de su recurso supone "un balón de oxígeno para los hosteleros ya que existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco".

Esa medida cautelar "es fundamental para evitar graves y perjudiciales consecuencias", según Molina, para quien la Conselleria de Sanidad "no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no".

Tampoco ha explicado, ha añadido, "por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales".

Para Fidel Molina, la disposición impugnada "afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".