El Gobierno abrió ayer junto a los agentes sociales el debate sobre cómo debe ser la reconstrucción de la economía española tras el mazazo sin precedentes de la covid-19. El Ejecutivo busca compartir con los diferentes partidos políticos, las patronales y los sindicatos más representativos un espacio donde proyectar cuales deben ser las soluciones para atajar la crisis económica más intensa en la historia reciente y sobre qué cimientos debe edificarse la estructura económica de la «nueva normalidad». La patronal aboga por las moratorias fiscales y un trato diferenciado para recuperar rápidamente el sector turístico, los sindicatos plantean planes renove focalizados en la industria y la construcción, para reducir la histórica dependencia española del sol y playa y la ministra de Trabajo avanzó una reforma del sistema de protección por desempleo para dar respuesta a la escalada del paro que la mayoría de casas de estudios pronostican para finales de año. La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica celebrada ayer en el Congreso fue el primer cruce público de propuestas entre Gobierno y agentes sociales de cara a consensuar esa economía poscovid. Dotar de un mayor peso al menguante tejido industrial español fue uno de los pocos consensos que traslucieron de los discursos de ayer.

La patronal pretende reactivar el turismo en la mayor prontitud y mimar con «medidas laborales, fiscales y financieras diferenciadas», según afirmó Garamendi. Un sector que emplea a 2,6 millones de personas en España y que representa, al igual que la industria, el 14% del PIB. Y del que los sindicatos pretenden desengancharse, apostando por planes de estímulo para la industria y de ayudas públicas para promover la rehabilitación en la construcción.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó reformar el actual sistema de protección por desempleo ante la actual emergencia económica. Lo que pasaría, entre otros, por consolidar parte de los subsidios habilitados de manera extraordinaria más allá del estado de alarma, como es el caso de las ayudas para trabajadores temporales que han perdido el empleo o trabajadoras del hogar que han visto disminuir sus ingresos de manera drástica. Dos colectivos a los que Trabajo ha reconocido unas 25.000 prestaciones. La voluntad de Trabajo es aumentar la tasa de cobertura de las personas en desempleo, que antes de comenzar la pandemia se situaba en torno al 60% y llegaba a dos millones de personas en paro. Y pretende hacerlo a través de ampliar la extensión de los subsidios por desempleo, es decir, aquellos que dependen de la carencia de ingresos y no tanto de la contribución previa del trabajador.