Miles de agricultores y cientos de tractores volvieron ayer a tomar calles y carreteras para protestar por los bajos precios que se pagan por sus productos. Las principales protestas se registraron en Murcia, Tortosa (Tarragona), Guadalajara y Mérida (Badajoz). El objetivo es exigir al Gobierno que tome medidas concretas y con carácter urgente para elevar los precios agrícolas y ganaderos en origen.
Mientras en Bruselas se negociaba que la Política Agraria Comunitaria (PAC) no merme las ayudas a España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se comprometía en Madrid con los consumidores a buscar una solución para que agricultores y ganaderos «sean retribuidos de una manera justa por su trabajo». Las movilizaciones del sector se han prolongado ya durante cuatro semanas y se prevé que continúen hasta mediados de marzo.
apoyo regional / La protesta de agricultores más multitudinaria registrada ayer se produjo en Murcia, con unos 7.000 participantes, con más de 400 tractores y decenas de camiones. Varias toneladas de verduras fueron arrojadas a la calzada durante la protesta. El pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a los agricultores y ganaderos por la situación de gravedad y solicitó una acción urgente y coordinada por parte de las Administraciones, informa Belén Pardo.
En Tortosa (Tarragona), más de 200 tractores pasaron por el centro de la ciudad para exigir que se tomen medidas cuanto antes. En Mérida -en un acto no convocado por las tres grandes organizaciones agrarias, sino por La Unión, Aseprex y la Asociación Valle del Jerte- centenares de agricultores pidieron «precios justos» apoyados por el sonido de cencerros, bidones metálicos y ahumadores apícolas. Durante la protesta, llegó a haber momentos de tensión entre manifestantes y la policía. Un periodista fue herido leve al tropezar con una valla.
En Molina de Aragón (Guadalajara) 200 tractores y unos 200 agricultores protestaron en las calles por la falta de rentabilidad de sus explotaciones.
En la reunión celebrada la noche del jueves en Madrid, el ministro de Agricultura se mostró dispuesto «a corregir los desequilibrios existentes en la cadena agroalimentaria» y a dotar de mayor transparencia la evolución de los precios entre productores y consumidores. Se habló en concreto «de «suprimir la venta a pérdida y las promociones engañosas». El Gobierno prepara una normativa más estricta para suprimir la venta a pérdida y dar transparencia a los criterios de calidad de los productos agroalimentarios, como una manera complementaria de mejorar la renta media a los agricultores y defender a los consumidores.
Planas introduce así en el debate un nuevo elemento en las reclamaciones de agricultores y ganaderos, que afecta a toda la cadena agroalimentaria y a los productores, al considerar que «las promociones engañosas pueden confundir al consumidor, que tiene derecho a estar bien informado». Paralelamente, el ministerio diseña una nueva normativa sobre calidad según distintos grupos de alimentos, «con el objetivo de fomentar la valorización de los productos y facilitar a los consumidores un mejor conocimiento de sus cualidades».
un 600% más de precio / Planas trasladó a las asociaciones de consumidores el objetivo de «dar mayor transparencia al conjunto de la cadena para conocer el valor añadido que cada eslabón incorpora y cuál es el proceso de formación de los precios». Fue una manera de expresar la caza de brujas que se producirá en toda la cadena para detectar a aquellos actores que son los responsables del incremento desaforado de los precios. La renta agraria cae y sin embargo algunos de los productos básicos incrementan su precio el 600% entre lo que cobra el agricultor y lo que paga en el supermercado el consumidor (el 635%, la patata; el 620%, la cebolla...).
La estrategia del Gobierno es buscar la fórmula para incrementar los ingresos del sector primario sin necesidad de que ese incremento se repercuta en la factura final que pagan los consumidores y por consiguiente en el IPC.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas reunirán el 3 de marzo a más de 200 directivos y responsables de sostenibilidad de la industria agroalimentaria para dibujar posibles salidas al conflicto actual. El denominado Congreso de Desarrollo Sostenible se propone analizar e impulsar el papel del sector del gran consumo como motor de un modelo económico que compatibilice objetivos económicos, sociales y medioambientales, así como analizar el rol del conjunto de la cadena agroalimentaria.
