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AEROLÍNEAS

Air Europa pide al SEPI 400 millones para superar la crisis del covid

IAG prevé comprar la aerolínea de Globalia este año o a principios del 2020

 

Un avión de Air Europa en una imagen de archivo. - EFE

EL PERIÓDICO
08/09/2020

Air Europa ha pedido 400 millones de euros al fondo público de rescate de empresas estratégicas para eludir la difícil situación financiera de la compañía causada por la pandemia y las restricciones al tráfico aéreo y al turismo a nivel internacional. La propuesta está ya siendo analizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que gestiona el fondo creado por el Gobierno para ayudar a las empresas que considere estratégicas. La información, adelantada por el diario 'El País', apunta a que el principal escollo para la concesión de los fondos es que la SEPI debe justificar que las ayudas con dinero público se emplean exclusivamente en evitar la quiebra y asegurar que la aerolínea siga operativa, y no en otros fines que beneficien directa o indirectamente a terceras compañías o a los inversores privados de Air Europa.

El problema de la petición de fondos al SEPI es que Air Europa está pendiente de la compra por parte de IAG (British Airways, Iberia...), pactada en noviembre del 2019 por 1.000 millones de euros. El estallido de la pandemia hizo que se paralizara la operación, crecieran los opositores internos a la compra y que IAG pidiera renegociar a la baja el precio de Air Europa. La inyección de fondos públicos, independientemente de la fórmula que se elija (ayuda directa, préstamos o entrada en el capital) debe garantizar que no se convierta en un mero saneamiento con el dinero del contribuyente para abaratar la operación para Iberia, cuyo importe además iría a parar a unos inversores privados como la familia Hidalgo.

El presidente de AIG, Antonio Vázquez, ha asegurado durante la junta de accionistas este martes que pese a la compleja situación derivada de la pandemia, con una caída del 98% en el tráfico de pasajeros, la compra de Air Europa se afrontará "en la segunda mitad de este año o a principios del 2020" y que redundará en "beneficios estratégicos importantes" para ambas partes y que redundará en "mayor eficiencia". Todo ello pese a que IAG ha tenido unas pérdidas excepcionales de 2.177 millones de euros trimestrales.

IAG ha decidido ampliar capital en 2.750 millones de euros para hacer frente a la falta de liquidez, tras perder más de 3.800 millones en el primer semestre. Con esta inyección de fondos, el grupo hispanobritánico confía en que sea suficiente para capear la crisis y no tenga que solicitar ningún rescate. Su mayor accionista, Qatar Airways, que controla el 25,1% del capital, se ha comprometido a apoyar esta ampliación. 

Con apenas un 35% de su flota en el aire, a la compañía de Globalia le ha perjudicado especialmente el bloqueo aéreo de varios países latinoamericanos, donde residen sus mercados más rentables, y ha tenido que cancelar todas las salidas previstas para septiembre desde y hacia Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Por el momento, mantiene el resto de vuelos de largo radio que reincorporó a su programación a Guayaquil, Miami, Nueva York, Quito, San Pedro Sula, Santo Domingo y São Paulo, pero con una ocupación muy baja.

Compañías como Ryanair ya han avisado de que denunciarán por ilegales esas ayudas a la aerolínea de Globalia ante las autoridades de competencia de la Unión Europea y si es necesario ante los tribunales. Y es que al tratarse de una ayuda superior a 250 millones de euros debe ser notificada a la Comisión Europea.

Tanto el Ministerio de Transportes, responsable de las negociaciones, como la propia empresa han declinado hacer ningún tipo de comentario sobre la noticia de la petición de fondos al SEPI.

La petición es la segunda que se produce con cargo al fondo de rescate tras la que realizó Duro Felguera, que el pasado 28 de agosto solicitó 100 millones de euros. La fórmula empleada por la empresa de ingeniería es una ampliación de capital por 30 millones y la concesión de un préstamo participativo por 70 millones. Debido a la capitalización de la firma asturiana, el Estado tendría una participación mayoritaria de más del 40%.