L a Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aconseja revisar al alza los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) de IVA que afectan a productos de primera necesidad y hostelería ante su ineficiencia desde el punto de vista distributivo, puesto que ayudan a las rentas bajas, pero sobre todo a las altas. El organismo propone elevar estos gravámenes y acompañarlos con aumentos del gasto social que compensen a los más vulnerables. Esa es una de las propuestas incluidas en el informe de la segunda fase del proceso de revisión del gasto público, conocido como spending review y presentado ayer por la presidenta de la entidad, Cristina Herrero.
El informe analiza 13 beneficios fiscales –principalmente en el IRPF, IVA e impuesto de sociedades– con un coste recaudatorio de 35.000 millones de euros (el 60% del total) para determinar si cumplen con el objetivo para el que fueron creados. «Los beneficios fiscales tienen un coste de oportunidad en la recaudación (...). Es clave garantizar su eficacia, lo que implica garantizar que cumplen los objetivos para los que fueron creados», explicó Cristina Herrero.
Los tipos reducidos del IVA tienen un coste anual para la Agencia Tributaria de 17.800 millones de euros. Sí cumplen su cometido de facilitar el acceso de las rentas bajas a los bienes y servicios de primera necesidad, pero su eficiencia en la redistribución es baja.
El organismo propone la revisión «paulatina» de esta tasa acompasada con la recuperación económica y acompañada de medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables.
De todos los beneficios fiscales analizados, el único que el organismo cree que no cumple con su objetivo es la deducción por la aportación a planes de pensiones. Con un coste de 1.643 millones de euros, fue creado para incentivar el ahorro para la jubilación, fijando una cantidad (máximo 8.000 euros) por la que no se pagan impuestos hoy, pero sí en el futuro (diferimiento fiscal). Pero no consigue su objetivo.
En España coexiste con un sistema público de pensiones que, de media, garantiza el 75% de la última renta. El estudio muestra el escaso atractivo de esta fórmula si se tienen en cuenta los tipos marginales y las comisiones. Y aunque podría funcionar en el caso de las rentas más bajas, estas no tienen capacidad económica para utilizarlo. El organismo pide reformular esta figura dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Además, plantea reformular la reducción de hasta el 60% del ingreso por arrendamiento de viviendas en el IRPF como una manera para fomentar el mercado de la oferta de viviendas en alquiler. Propone reorientar su diseño para facilitar el acceso a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especificidades de las áreas metropolitanas. Su coste es de 1.039 millones de euros.
En los tipos reducidos del impuesto de sociedades para sicavs (1% en vez del 25%), creados para fomentar la inversión colectiva y diversificada, constata una «alta concentración de acciones en un número reducido de accionistas» (entre 1 y 3) que hace dudar de la naturaleza colectiva de la inversión. Propone reforzar los requisitos con medidas como, por ejemplo, fijar un límite máximo de participación por accionista. H
