El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, cargó ayer contra «la soberbia» con la que muchos estudios avanzan conclusiones «dramáticas» sobre al actual sistema público de pensiones sin tener en cuenta todos los datos y pidió «no crear una angustia innecesaria». «No hay derecho a transmitir que esto va a ser un desastre» dijo Escrivá en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por los parlamentarios.

Escrivá cuestionó las proyecciones de población sobre las que se asientan estos estudios y apuntó que «el tema está abierto» a partir de cuestiones tales como la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, un posible aumento de la tasa de actividad o la evolución de la emigración y la natalidad, entre otras cuestiones.

«Cuando la incertidumbre es tan considerable, no hay derecho a transmitir esta soberbia» en los argumentos porque «sencillamente, no es verdad», remató en tono vehemente. «Preocupa mucho la sensación que se traslada a los pensionistas de que hay un problema muy agudo que mermará sus ingresos. Y esto no está sustentado».

Según el presidente de la Airef, las posibles «presiones» que va a sufrir el sistema de pensiones son «absorbibles y manejables» teniendo en cuenta, eso sí, las reformas adoptadas en los últimos años para alargar la edad de jubilación, desvincular la evolución de las pensiones del IPC e introducir el llamado factor de sostenibilidad a partir del 2019. Según Escrivá, volver a vincular la evolución de las pensiones con el IPC supondría un coste adicional de más de 7.000 millones de euros en 2023 y de más de 12.000 millones en 2030.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, también expresó su confianza en el futuro del sistema de pensiones. Burgos, que también compareció en la Comisión de Presupuestos, explicó que en la actualidad el 19% de los gastos del sistema se financian con cargo a impuestos, a través de transferencias y préstamos del Estado a la Seguridad Social, y emplazó a los parlamentarios del Pacto de Toledo a decidir cuál debe ser este porcentaje en el futuro.

Burgos también apeló a un acuerdo parlamentario sobre posibles subidas de las bases máximas de cotización y, en consonancia, de las pensiones más elevadas.

«AJUSTADO PERO FACTIBLE» / El presidente de la Airef compareció en el Congreso para valorar el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018. La Autoridad Fiscal considera que el objetivo de reducción del déficit público para el 2018 previsto por el Gobierno, del 2,2% del PIB, es «ajustado, pero factible» ya que las dificultades que sí tendrán la administración central y la Seguridad Social se verán compensadas con la mayor holgura de ayuntamientos y autonomías. En consecuencia, según Escrivá, «no es necesario realizar una recomendación específica de adopción de medidas» adicionales para ajustar las cuentas.