L a pandemia del coronavirus ha provocado, por primera vez en la historia de la Seguridad Social, una caída del número de pensionistas. Y, pese a que los registros se han ido recuperando del mazazo inicial, todavía no han recuperado los niveles previos al virus. En el mes de agosto la Seguridad Social todavía pagó menos pensiones de las que pagaba en febrero. El desplome de las nuevas altas, marcado por las dificultades administrativas para realizar los trámites, y el repunte del número de bajas, influidas por la alta letalidad del virus entre el colectivo de personas mayores, explican este histórico registro.

La leve recuperación que constatan los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no logran compensar todavía el primer golpe de la pandemia.

Entre los meses de marzo y julio, los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tramitaron un total de 203.362 nuevas pensiones, una cifra el 14,4% inferior a la que registraron en el mismo periodo del año anterior. En paralelo al desplome de las altas, las bajas se dispararon.

Un total de 225.258 pensionistas causaron baja entre marzo y julio, lo que representa un aumento del 23,1% respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Ese balance ha provocado que en la nómina de agosto se hayan abonado un total de 9.777.556 pensiones contributivas, un número el 0,3% todavía inferior al que se pagaba antes de la llegada del virus.

A las dificultades sobrevenidas del virus se añade una falta de personal en el INSS que desde el sindicato CSIF denuncian como estructural.

La central mayoritaria en la Administración General del Estado reconoce que las oficinas de la Seguridad Social acumulan un retraso en la gestión de prestaciones. De momento no lo califican de «significativo», según apunta en declaraciones a este diario su responsable en este ámbito, José Manuel Moreno. Que, no obstante, sí lo define como «preocupante».

A la carga de trabajo que hasta ahora manejaban los trabajadores del INSS y la tesorería se suma desde el 15 de junio una nueva prestación: el Ingreso Mínimo Vital. Una renta mínima a nivel estatal que está colapsando administrativamente los servicios del INSS, según denuncian desde entidades sociales, sindicatos y usuarios afectados.

La gestión de ese nuevo Ingreso Mínimo Vital, sumado a las bajas por enfermedad entre la plantilla y el periodo vacacional, está retrasando la tramitación de nuevas prestaciones. «Si antes gestionábamos una pensión de jubilación en 15 o 20 días ahora nos vamos a un mes, mes y medio», explica Moreno.

Ese déficit de plantilla en el que coinciden desde los sindicatos hasta el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está pendiente de una inyección de 1.250 interinos. Estos, específicamente demandados para desatascar el colapso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, llevan mes y medio pendientes del ok de Hacienda para ser contratados. «Es urgente la convocatoria de oposiciones para evitar seguir perdiendo efectivos», coinciden las fuentes consultadas de UGT.

Para costear esa nómina, la Seguridad Social destinó el presente mes de agosto 9.904 millones de euros al pago de pensiones contributivas.

Unas partida que, pese a venir marcada por el coronavirus, sigue creciendo debido al mayor importe de las nuevas pensiones.

Pues si la pensión media se sitúa actualmente en los 1.012,94 euros; una recién registrada asciende a los 1.379,9 euros al mes. Para asumir ese crecimiento de las pensiones, el erario público ha destinado este agosto el 2,3% más de recursos que en el mismo mes del pasado 2019. H