El Govern de Andorra ha presentado una querella contra el exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, y 11 directivos y altos cargos de la entidad bancaria. También ha pedido que la Batllia --juzgado de primera instancia andorrano-- tome declaración a los accionistas mayoritarios del banco, los hermanos Higini y Ramon Cierco.
En un comunicado, el Ejecutivo andorrano ha recordado que la querella se suma a la causa penal por blanqueo de capitalesabierta en el caso BPA, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y en la que el Gobierno ya se constituyó como actor civil el 26 de mayo.
Desde entonces, los letrados del Ejecutivo han examinado el contenido del sumario y han llegado a la conclusión de que las actuaciones delictivas que se imputan a los diversos querellados "han dañado seriamente la reputación de Andorra, de su modelo económico y de la plaza financiera".
Según los abogados del Gobierno, del análisis detallado del sumario se desprende que hay "pruebas e indicios de delito de blanqueo agravado".
ADVERTENCIAS
Además, consideran probado que los querellados eran conocedores de las advertencias de que fue objeto BPA de manera sistemática, reiterada y creciente a lo largo de seis años por parte de acreditadas entidades bancarias internacionales.
A pesar del riesgo que ello suponía, el Ejecutivo considera que estas conductas se ven agravadas por la inacción de los querellados a la hora de informar a los organismos competentes.
a querella contribuye a "defender el interés general de la ciudadanía y de las instituciones del país".
