España está en las antípodas de Australia, geográficamente y en materia de políticas activas de empleo, es decir, todas aquellas que incluyen desde la formación hasta la orientación y el fomento de la emprendeduría. Así lo recoge un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que detalló ayer el presidente de este organismo, José Luis Escrivá, durante un debate en el Círculo de Economía. Con un gasto anual de unos 6.000 millones al año, apenas existen evaluaciones y análisis de los resultados de estas. Y los existentes revelan grandes carencias en materia de información, con gran dispersión entre autonomías y falta de datos comparables.

Australia, por su parte, un país federal y de los pocos que tiene descentralizado el gasto de la educación e incluso de la sanidad, presenta altas tasas de éxito en sus políticas activas de empleo. España está en sus antípodas, con algunos programas como el Prepara con recursos que resultan «superfluos e incluso contraproducentes», a tenor de los estudios realizados por la Airef que, comparando parados beneficiarios de esta prestación y otros que no, la balanza se inclina hacia los segundos en el hallazgo de un empleo.

A pesar de destinar unas cantidades equivalentes al 0,5% del PIB o a un tercio del déficit de la Seguridad Social en el 2018, las administraciones apenas hacen un seguimiento de los resultados y los datos son muy heterogéneos. La dificultad de encontrar información por parte de las autonomías con la que ha topado es uno de los temas más «sangrantes» en un país con una tasa de paro persistente de en torno al 14%, según Escrivá. La sesión sirvió para dar a conocer el Observatorio de la eficiencia de las políticas activas e instrumentos de desarrollo del empleo en las comunidades autónomas españolas. Si alguna conclusión se extrajo del debate fue la necesidad de que «la rendición de cuentas» forme parte integral de todas las administraciones, dijo Mercader.