Tras el divorcio, el Reino Unido estaría fuera de la unión aduanera, del mercado único y de las regulaciones comunes. De las telecomunicaciones -el roaming o las tarifas- a la televisión -la retransmisión audiovisual británica-, se podrían quedar en un limbo con especiales efectos en sectores como la automoción, el agroalimentario y el químico, los servicios financieros o el transporte.
El Reino Unido es el tercer mercado para España en exportación de vehículos, detrás de Francia y Alemania. España exporta más de 300.000 automóviles anuales a las islas británicas por valor de 3.600 millones de euros, según Anfac. Además, cuenta con una fuerte presencia de empresas españolas de componentes, como Gestamp o Antolín. Un brexit sin acuerdo provocaría el establecimiento de aranceles de entre el 0% y el 22% y dejaría de ser autoridad reconocida para la emisión de homologaciones de tipo Unión Europea.
En el 2018, España exportó 1.465 millones de euros en productos químicos (para limpieza, pintura, etc.) al Reino Unido, e importó por valor de 2.008 millones. La complejidad de las nuevas relaciones comerciales y los aranceles preocupan al sector, pero sobre todo le inquieta la legislación. El registro de productos en las agencias europeas se pierde y sin él no puede haber comercialización. Algo similar a lo que ocurre con la industria farmacéutica. Según la comisión Europea, el 95% de los productos ya cuentan con los cambios normativos necesarios para comercializar los medicamentos en la Unión Europea y el Reino Unido, por lo que no habrá desabastecimiento en España. «Si hay impacto será peor para los pacientes en el Reino Unido que en Europa», dice Itziar Sanz, directora de internacional de Farmaindustria. Pero el problema se acrecenta después con la libre circulación de trabajadores y datos, la cualificación de los médicos, la vigilancia de los fármacos en circulación...
Sin duda, uno de los sectores a los que más preocupa una posible salida sin acuerdo es el del turismo, pues el Reino Unido es el principal emisor de turistas con alrededor del 20% de las entradas y del gasto total en España. La conectividad aérea y los visados entre ambos países son dos de los principales temores. Además, un brexit duro dejaría de aplicar las tarifas de embarque y determinadas prestaciones para vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. En este sentido, en su plan de contingencia, el Gobierno prevé el mantenimiento de estas tarifas hasta el 28 de febrero del 2020.
En el ámbito hotelero, el principal temor es una eventual caída de la libra porque España no puede competir en precio.
Los servicios de banca, seguros o valores que presten entidades británicas en la Unión Europea o entidades de la Unión Europea en el Reino Unido podrían verse afectados. Las entidades británicas en España tendrán que adaptarse a los regímenes de terceros países para seguir prestando servicios aquí. Para dar seguridad a los clientes, el Gobierno ha establecido que la vigencia de los contratos no se vea afectada por la salida.
El sector agroalimentario suma, junto al automóvil, casi el 50% de las exportaciones al Reino Unido: frutas (cítricos y frutas de hueso), hortalizas y frutos rojos, kiwi, caqui, vino y mosto, aceite de oliva, carne de porcino... Según la lista del Gobierno británico de productos con aranceles, los cítricos y el vino se salvan, pero los plátanos, la carne o el pescado, no. Además, al ser perecederos, se pueden ver afectados en aduanas, por lo que el Gobierno ya incluye en su plan de contingencia «un sistema simplificado de certificados de exportación».
En un escenario sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, los camiones estarían sometidos a una nueva realidad aduanera e impositiva que desencadenará unas comunicaciones más lentas (aunque la posibilidad de adelantar las solicitudes aduaneras antes del brexit podrá mejorar las cosas). Hasta el 30 de diciembre del 2019 se mantendrán las mismas condiciones que las actuales y Bruselas quiere extenderlo hasta el 31 de julio del 2020.
También pasaría por el aire. Más de la mitad de las acciones de Iberia pertenecen al hólding británico IAG, lo que provocaría que pierda automáticamente su capacidad de operar vuelos entre dos ciudades de la Unión Europea cuando el Reino Unido sea un país tercero. De este modo, Bruselas ha dado un plazo de hasta el 30 de marzo del 2020 para solucionar el problema, aunque ha propuesto extenderlo hasta el 24 de octubre del mismo año.
