La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este miércoles el sobreseimiento provisional de la pieza separada que investigaba presuntos pagos irregulares al expresidente del Gobierno Rodrigo Rato por parte del banco de inversión Lazard, al detectar "dudas razonables" sobre la veracidad de la acusación. El juzgado estima así parcialmente sendos recursos de apelación presentados por Lazard y por su consejero delegado, Pedro Pasquín, tras la decisión del juzgado de instrucción 31 de Madrid de rechazar el sobreseimiento de la causa.

La pieza separada sobre el caso del patrimonio de Rato investigaba un contrato por el que el también ex ministro de Economía percibía su remuneración en Telefónica a través de su empresa Kradonara 2001, presuntamente con objeto de evitar la tributación de dichos importes. Asimismo, se investiga el pago de cerca de 6,2 millones al ex ministro entre 2011 y 2013, supuestamente en concepto de indemnización a Rato, que en el pasado había trabajado en el banco de inversión, y el préstamo concedido en la época en la que ya era presidente de Bankia.

Unos hechos que se solaparon en el tiempo con la contratación de Lazard como asesor de la salida a bolsa de la entidad española en verano del 2011, en los que la acusación veía un delito de cohecho o corrupción entre particulares.

LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ

En el auto conocido este miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid no solo considera que existen dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, sino que no puede considerarse suficientemente acreditada la perpetración del delito que ha dado lugar a la instrucción de esta pieza separada. Reconoce que Rato recibió de Lazard un anticipo de 2,2 millones de dólares cuya garantía era la titularidad de acciones que formaban parte de su retribución, por lo que no cabe deducir que existiera "un beneficio o ventaja" para Rato "como contraprestación por favorecer la contratación de Lazard como entidad asesora de Bankia".

Lazard, recuerda la Audiencia de Madrid, venía prestando servicios de asesoría para Caja Madrid -matriz de Bankia- desde 2010, mucho antes de la incorporación de Rato. Además, independientemente de que la salida a bolsa de Bankia "no fue un éxito", Lazard no fue "la única entidad que asesoró al banco español en el complejo proceso de fusión de cajas" y su posterior salida a bolsa. No aprecia tampoco la sala que Rato incumpliera ninguna de las restricciones que en calidad de presidente de Bankia debía mantener en su relación con Lazard.

Cuando se incorporó a Bankia, Rato "no pasó a trabajar para ninguna entidad mercantil haciendo competencia a su antigua empresa -Lazard-, ni menoscabó en absoluto la clientela de ésta restándole clientes", prosigue el auto. De los hechos "no se desprende mucho más que una coincidencia entre una operación sobre acciones restringidas y la contratación de los servicios de la misma entidad", dos situaciones en las que "confluyeron" Rato y el consejero delegado de Lazard, Pedro Pasquín.

RATIFICACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ONIF

Técnicos de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, han ratificado este miércoles el informe que acusa al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre el 2004 y el 2015 a través de un entramado de sociedades. El denominado 'caso Rato' sigue abierto. Rato ha estado implicado en tres grandes casos, el de la salida a bolsa de Bankia, el de las tarjetas 'black' y el de su patrimonio.

Los técnicos, citados por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, han expuesto este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción y las defensas su versión definitiva en relación a los hechos denunciados por la ONIF, en una jornada en la que también estaba prevista la comparecencia como investigado del asesor fiscal del exvicepresidente, Fernando Sedano.

Las citaciones se producen dos años después de la detención de Rato tras el registro de su domicilio, en el que agentes de Aduanas incautaron toda la documentación que ahora obra en una causa con múltiples piezas separadas sobre presunta corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal en las que también figuran personas de su círculo profesional.

MOVIMIENTOS DE DINERO

En su informe final de 642 páginas, la ONIF habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio exvicepresidente del Gobierno.

Al respecto, los técnicos insisten en que Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros durante esos años a través del "tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas; rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de actividad empresarial" no deducibles.

Como parte de esta operativa, el fisco identifica a dos despachos de abogados, Findsbury Trust, de Gibraltar, y Plazas, de España, donde precisamente trabajaba como asesor fiscal Fernando Sedano, señalado por conocer algunas de las supuestas irregularidades como que el contrato suscrito entre Telefónica y Rato podía "entrar de lleno en el terreno de la simulación". Así lo estima Hacienda, que en su informe incorpora el correo electrónico en el que Sedano alertaba de la "verbena de facturas en torno a Kradonara; Kradonara a Telefónica; RR (Rodrigo Rato) a Kradonara" como prueba, caso este último en el que el juez se ha pronunciado.

Estas últimas comparecencias se producen en un momento clave de la investigación, después de que la Guardia Civil detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su familia. Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el ex vicepresidente responderá esta misma semana al atestado del Instituto Armado antes de que expire el plazo habilitado por el magistrado para presentar alegaciones.