La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes como responsable civil subsidiaria a la matriz de Bankia, BFA, por las supuestas irregularidades que llevaron a la quiebra a Banco de Valencia, cuyo máximo accionista era en su momento Bancaja, integrada dentro del grupo.
En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reafirma en la decisión del juez instructor Santiago Pedraz, que extendió la propia consideración a la Fundación Bancaja, y rechaza el recurso interpuesto por el FROB tras el desestimiento de la propia representación de BFA.
Un criterio del que discrepa uno de los componentes del tribunal, el juez Antonio Díaz Delgado, que defiende la competencia del fondo para ejercer acciones, mientras que la compra pública del grupo financiero le convierte en poseedor de su capital social. El magistrado estima que se debería haber escuchado la pretensión, pues si se trae a BFA al proceso como responsable civil también lo será el Estado, involucrado en estos hechos únicamente por su "necesidad de salvar al sistema ante una gestión privada que puso en riesgo" la estabilidad financiera.
Banco de Valencia fue uno de los mejores bancos de España. Propiedad de Bancaja, esta entidad, fue uno de sus principales referentes hasta que la entidad fue nacionalizada en 2011 con otras como Caja Madrid y demás. La intervención del Banco de España supuso el despido de sus gestores y la inyección de 1.000 millones de capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), además de adjudicarle una línea de crédito de 2.000 millones para "estabilizarlo y recapitalizarlo". Finalmente, en 2013 se aprobó su fusión con CaixaBank.
En septiembre, la Audiencia Nacional comenzó con las vistas por la primera de las diversas causas vinculadas a los antiguos administradores que han llegado a juicio oral: las supuestas irregularidades en tres macrooperaciones inmobiliarias que causaron un agujero ecónomico de 160,5 millones de euros.
Entre los acusados, se encuentra el ex consejero delegado del banco, Domingo Parra, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel por presunta administración desleal, delito para el que se baraja también el de apropiación indebida y que, en cuyo caso aumentaría la petición hasta los seis años de cárcel.
