Ryanair cambia de argumentos. Ahora, dice que el cierre de bases en España no tiene nada que ver con el retraso de los aviones 737 Max de Boeing. O al menos eso aseguró ayer el abogado de la compañía durante el juicio para impugnar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa puso en marcha en Las Palmas, Tenerife Sur, Lanzarote y Gerona.
El 16 de julio la aerolínea irlandesa anunció un posible cierre de bases y recortes de empleo en toda Europa para el invierno del 2019 y el verano del 2020, motivado por el retraso en las entregas de esta aeronave. El 6 de agosto, la low cost enviaba un comunicado a los representantes de cabina de Sitcpla y USO emplazándoles a tratar al día siguiente el posible impacto que estos retrasos tendrían en las bases españolas. El 7 de agosto hacía oficial que la consecuencia era el cierre de Las Palmas y Tenerife, así como el potencial «riesgo» de clausura en Gerona.
El responsable de márketing de la aerolínea, Kenny Jacobs, reiteraba a mediados de enero éste como el principal motivo del adiós de Ryanair en Las Palmas, Tenerife Sur y Lanzarote y añadía que «si los problemas con el Max se mantienen podría haber más cierres».
El letrado de Ryanair, Juan José Hita, aseguró ayer que «no es cierto que (el cierre de bases) se deba al retraso de los Max». El motivo, en el caso específico de las islas se debe, según expuso, a causas productivas relacionadas por una caída de las tarifas -«Ryanair no puede elevar las tarifas por su modelo de negocio», según justificó el letrado- ante la disminución de la demanda, así como el alza de los costes de operación.
En un juicio que ha durado más de siete horas, en parte por la extensísima defensa hecha por la compañía, los sindicatos de tripulantes de cabina (USO y Sitcpla) y de pilotos (Sepla) han sentado a Ryanair ante la Audiencia Nacional para argumentar uno a uno todos los puntos de una larga demanda con la que los trabajadores pretender anular por completo los cerca de 200 despidos.
La vista se enrocó durante minutos con cuestiones como la cesión ilegal de trabajadores de las denominadas agencias que, recientemente, la Inspección de Trabajo ha dejado patente en el caso de Gerona. «No hay ningún hecho en la demanda para que esta sala declare esa cesión ilegal. Avance en su exposición», dijo la jueza al letrado de la defensa.
El caso de Gerona es especial. En la penúltima reunión del periodo de consultas se planteó mantener abierta la base catalana con un cambio en los contratos de los trabajadores, y siempre que los sindicatos aceptasen las condiciones del despido en el resto de bases. Pilotos y tripulantes consideran que eso fue «coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe».
Juan José Hita se esmeró en su intento por que quedara patente que el indulto en Gerona se consiguió gracias a la intercesión de las «administraciones públicas», aunque sin dejar claro si con ello se refiere a las autoridades locales, y tampoco concretó con qué medidas se logró ese cambio de postura. Sin embargo, «el cierre de Gerona dependía de una decisión comercial, si conseguíamos suficientes traslados de contratos fijos a discontinuos», reconoció Elaine Griffin, una testigo.
