La ley de cajas de ahorro de 1985 dio amplios poderes a las comunidades autónomas sobre aquellas entidades financieras, hoy prácticamente desaparecidas. Pero los primeros responsables políticos regionales que comparecieron ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso se sumaron ayer a la táctica mayoritariamente seguida por otros altos cargos públicos estatales que les han precedido y negaron cualquier responsabilidad en la caída de las cajas de sus territorios: todos se lavan las manos.

Marta Fernández Currás, exconsejera popular de Hacienda de la Xunta de Galicia, y María Luisa Araújo, su homóloga de la Junta de Castilla-La Mancha, negaron tajantemente haber injerido en la gestión de sus cajas y defendieron que hicieron todo lo posible para lograr su supervivencia. Caja Castilla-La Mancha fue intervenida en 2009 y Nova Caixa Galicia en 2011. Luego fueron vendidas y ya no existen.

El Banco de España criticó en los últimos años que las autonomías veían a las cajas como un «instrumento».