La Unión Europea (UE) perfila, tras más de dos años de discusiones, una herramienta que permitirá a las autoridades de resolución bancaria congelar la retirada de fondos en entidades que se encuentren en problemas. A falta de cerrar algunos detalles, las principales novedades son que estos corralitos podrán durar hasta dos días laborables, se permitirá imponerlos antes de que el banco sea intervenido y, lo más relevante, podrán afectar a los depósitos minoristas cubiertos por los fondos de garantía (hasta 100.000 euros por persona y entidad).

Aunque los trabajos venían de antes, la debacle del Popular el año pasado puso en evidencia la insuficiencia de la normativa europea de resolución, como admitieron tanto el Mecanismo Único de Supervisión como el Mecanismo Único de Resolución. La entidad perdió 18.000 millones en depósitos entre el cierre de marzo y su intervención el 7 de junio. Esta fuga obligó a las autoridades europeas a actuar de urgencia en la madrugada del miércoles, cuando la normativa comunitaria establece que es mejor esperar al fin de semana. Con la nueva herramienta es probable que se hubiera llegado al viernes.

La actual directiva de resolución de bancos del 2014 ya establece que el MUR, y en el caso español el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueden decretar la congelación. El problema es que solo pueden hacerlo una vez anunciada la intervención y hasta la medianoche del siguiente día laboral. Además, quedan excluidos los depósitos minoristas, los créditos protegidos por los fondos de garantía de inversiones y los pagos vinculados con los bancos centrales, los sistemas de liquidación y las cámaras de contrapartida.

La Comisión Europea propuso una reforma en noviembre del 2016 para homogeneizar las herramientas de moratoria (su nombre técnico) de todos los estados miembros. En noviembre del 2017, insistió en su propuesta en vista de la «experiencia reciente», en referencia al Banco Popular. El Ejecutivo comunitario mantuvo los colectivos excluidos, incluidos los depósitos garantizados, pero propuso que el corralito pudiera tener una duración de hasta cinco días (la presidencia de turno de la Unión Europea, ejercida entonces por Estonia, llegó a proponer hasta 20 días) y que se pudiera decretar como medida preventiva, antes de la intervención y después de que la entidad fuera declarada «inviable o con probabilidad de serlo».

Bruselas defendió que la medida era necesaria porque los «acreedores de un banco que esté cerca de entrar en resolución pueden decidir retirar sus posiciones acreedoras, lo que puede originar una reacción en cadena». Pero las dos grandes patronales financieras, la Asociación para los Mercados Financieros en Europa y la Federación Bancaria Europea, pusieron el grito en el cielo. La iniciativa, advirtieron, provocará que los depositantes se vean «incentivados a retirar sus depósitos en cuanto haya el primer síntoma de peligro», antes incluso de que los organismos evalúen la gravedad de la situación, y que retiren sus fondos «de inmediato» cuando se levante el corralito.

Ante esta discrepancia, los ministros de Economía reunidos en el Ecofin, el Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Financieros, decidieron en mayo fijar una postura intermedia. Por una parte, han propuesto limitar el plazo máximo hasta dos días laborables, en línea con lo propuesto por el Consejo de Estabilidad Financiera en el 2014. Pero al mismo tiempo, han apostado por que los depósitos garantizados de particulares y pymes también puedan verse afectados una vez las autoridades lo hayan «valorado cuidadosamente».

El pasado junio, el Parlamento Europeo aprobó su propia propuesta, que fija dos días y que afecta a los depósitos garantizados, aunque permite que se establezcan límites diarios de reembolso y que diez días después del fin del corralito previo a la resolución se pueda aprobar una segunda congelación de fondos de otros dos días.