La banca ha aceptado públicamente no vincular la concesión de créditos avalados por el Estado a empresas y autónomos a la contratación de otros productos y servicios. Se trata de una condición que le había impuesto el Ministerio de Asuntos Económicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que canalizará las garantías, y una práctica que también el Banco de España le había recomendado fuertemente que no aplicase. En los últimos días han circulado videos en las redes sociales que aseguraban que las entidades estaban obligando a suscribir productos como seguros de vida para acceder a esa financiación.
En el primer día en que los avales están operativos, las principales patronales del sector -AEB (bancos tradicionales), CECA (cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito)- han asegurado en un comunicado conjunto que sus asociados han dado "instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido" de la línea de garantías públicas. "Entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos", han destacado.
Las tres organizaciones han subrayado que los avales, que tienen como objetivo preservar los niveles de circulante y liquidez de empresas y autónomos, se unen a "otras iniciativas que están llevando a cabo las entidades financieras de manera voluntaria para ayudar a la economía real" a hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El sector se ha lanzado a anunciar medidas contra los efectos de la enfermedad en las últimas semanas para mejorar su maltrecha reputación y demostrar su responsabilidad y compromiso social, además de para evitar quedarse sin negocio por los problemas de sus clientes y repetir los errores de la crisis del 2008-2012. Entre otras iniciativas, ultima una moratoria hipotecaria más amplia que la aprobada por el Gobierno para colectivos vulnerables.
Vigilancia
Como adelantó este diario, el ICO va a controlar que los bancos cumplan su obligación legal de no disparar los precios y condiciones de los créditos avalados. Así, ha firmado con las entidades que le suministren trimestralmente los tipos que imponen a los préstamos. En los contratos suscritos con el sector, además, ha incluido que los costes de la financiación deben estar "en línea" con los cargados antes de la pandemia y que las entidades deben "trasladar" a los autónomos y empresas la "ventaja" que supone contar con la garantía pública.
Unos beneficios, ha apuntado, que se pueden reflejar bien "mediante la contencion o reduccion del tipo de interes de la nueva operacion financiera, bien mediante la concesion de igual o mayor riesgo al cliente al que tenia concedido antes del inicio de la crisis del COVID-19 o al que le correspondiese en caso de no existir el aval, o bien mediante un incremento del plazo o mediante la concesion de algun periodo de carencia del principal".
El Banco de España, por su parte, ha instado a las entidades a ser muy rigurosas en la aplicación de las garantías. El organismo supervisor espera que el sector cumpla su compromiso de mantener y renovar las líneas de crédito abiertas a empresas hasta septiembre. Al mismo tiempo, está vigilante para que los bancos no intenten incluir créditos morosos en la línea de avales, algo que está expresamente prohibido. Asimismo, la institución les ha recomendado fuertemente que no traten de aprovechar la ocasión para ofrecer a los clientes contratar otros productos (lo que se conoce como venta cruzada).
