Las entidades de depósito españolas cerraron 2.162 oficinas en el ejercicio del 2019, lo que supone una disminución del 8,2% de la red, la mayor en términos porcentuales desde que en el 2013 se efectuó un recorte del 11,5%, con el cierre de 4.376 sucursales. Según refleja la última estadística publicada por el Banco de España, en el país se cerraron de media de seis oficinas por día en el 2019, hasta finalizar el año con 24.004 sucursales operativas.

Estas cifras se vieron intensificadas por la reestructuración de oficinas de Santander tras integrar Banco Popular, que supuso el cierre de más de 1.100 sucursales, y el plan estratégico de CaixaBank, que contempla el cierre de 850 antes del próximo mes de junio, así como el cambio de modelo de sucursales enfocado a la incorporación de espacios más grandes, tecnificados y más especializados para sustituir a las oficinas tradicionales que se cierran en la misma zona.

Resultó especialmente intenso el cuarto trimestre del año, con una reducción de la red en 1.008 oficinas, lo que equivale a clausurar 11 sucursales por día. En la última década, el total de dependencias bancarias en España se ha recortado en un 52,04% o, lo que es lo mismo, en 22.114 sucursales, con lo que el número actual se sitúa en mínimos desde 1979, hace ya nada más y nada menos que 40 años.

por comunidades / Por comunidades autónomas, el mayor recorte en términos absolutos lo experimentó Cataluña, con 360 oficinas menos en el ejercicio 2019 (-10% de la red total). Las 3.260 oficinas con las que la comunidad cerró el año significan el nivel más bajo desde 1976. La caída con respecto al máximo alcanzado en el 2008 es de prácticamente el doble de la red (4.957 sucursales). Y Barcelona es la provincia que más ha contribuido a reducir la permeabilidad del sistema financiero en el territorio, ya que las 2.273 sucursales que existían a finales del 2019 se comparan con prácticamente el doble de oficinas (5.923) abiertas en el 2008, punto álgido de la red financiera española.

Tras Cataluña, la pérdida de capacidad ha sido más elevada en Andalucía, con 330 cierres (7,73% menos), Comunidad Valenciana, con 227 oficinas menos (8,87%), Madrid, con 224 menos (7,07%), Castilla y León, con una reducción de 214 oficinas (10,94%), Galicia, con 136 (9,12%) y Castilla-La Mancha, con 126 (8,36%).

Por su parte, en cuanto a las comunidades con menos pérdidas, País Vasco redujo su red en 95 oficinas (7,23%), Extremadura en 82 (9,23%), Islas Baleares en 82 (10,8%), Aragón en 59 (5,71%), Canarias en 54 (6,09%), Murcia en 52 (6,61%), Asturias en 41 (6,46%), Navarra en 26 (5,36%), Cantabria en 25 (7,6%), La Rioja en 25 (8,2%) y Ceuta y Melilla en 2 (5,41%).

Según los datos del Banco de España, al cierre del año pasado había 195 entidades de depósito (114 españolas y 81 extranjeras), una cifra que supone tres menos que un año antes.

Paralelamente a esta reducción en el número de oficinas, el crédito bancario se ha seguido contrayendo como consecuencia del desendeudamiento de empresas y familias posterior a la crisis y de la mayor apelación de las compañías a las emisiones de deuda en el mercado gracias a la política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo (BCE). Los préstamos de las entidades de depósitos a las administraciones públicas y el sector privado bajó el 1,36% en España el año pasado, hasta los 1,215 billones de euros, 16.595 millones menos que en diciembre del 2018.

LOS DEPÓSITOS SUBEN / Los depósitos, en cambio, siguen subiendo. Pese a que no ofrecen prácticamente interés debido a los tipos negativos impulsados por el BCE para activar la economía de la zona euro, los ahorradores seguían temiendo el año pasado los efectos del debilitamiento de la actividad en los activos de inversión. El aumento en España fue del 4,1% y 51.900 millones, hasta los 1,28 billones de euros.