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Sentencia de la Audiencia nacional

El Banco de España no tuvo responsabilidad en el Popular

Linde declara ante el juez que la de la entidad fue una crisis de liquidez, pero no de solvencia. El tribunal ratifica que la supervisión financiera corresponde al Banco Central Europeo

 

El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, a su llegada al juzgado. - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ
12/03/2020

La resolución del Banco Popular de junio del 2017 protagonizó ayer la actividad de la Audiencia Nacional a través de dos escenarios. En el de lo Contencioso, el tribunal ratificó que el Banco de España no tuvo responsabilidad patrimonial en el proceso que acabó con su venta al Santander por un euro, porque la competencia correspondía al Banco Central Europeo. Y en el de lo Penal, el exgobernador del órgano supervisor Luis María Linde declaró ante el juez como testigo que la crisis de la entidad fue de liquidez, no de solvencia o por provisiones.

La sentencia de lo Contencioso rechaza el recurso de una accionista del Popular que reclamaba 123.991 euros como responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados tras la resolución de la entidad. Argumentaba que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión y solvencia de las entidades de crédito.

entidades «significativas / Pero el tribunal declara que el mecanismo único de supervisión que armoniza la unión bancaria en Europa y que se diseña en el Reglamento del Consejo encomienda desde el 2014 esas tareas al Banco Central Europeo, como «responsable del funcionamiento eficaz y coherente» del sistema, sin perjuicio del deber de cooperación legal con las autoridades nacionales.

La sentencia precisa que dado el número de entidades de crédito de la zona euro, la supervisión del BCE se ejecuta según la importancia de las entidades. Así la institución europea supervisa directamente las calificadas de «significativas», mientras que las «menos significativas» lo son por las autoridades nacionales, sin perjuicio de una supervisión indirecta del banco europeo. Entre esas «entidades significativas» estaba el Banco Popular.

El tribunal concluyó que, si el Banco de España carecía de competencias en materia de supervisión del Popular, «es conforme con el ordenamiento jurídico su decisión de inadmitir la reclamación formulada en concepto de responsabilidad patrimonial por el supuesto incumplimiento de unas funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación».

En su declaración en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, encabezados por los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por la ampliación de capital de 2.500 millones y una presunta manipulación del mercado con noticias falsas, Luis María Linde defendió que los requerimientos al Popular eran comunes a todas las entidades, según informa Efe.

En respuesta a las preguntas del magistrado, el exgobernador del Banco de España aseguró que la entidad «siempre» estuvo por encima de las exigencias regulatorias, y apuntó que esta pasó tanto los procesos de revisión de la calidad de activos (AQR por sus iniciales en inglés) como los test de estrés que realiza la Autoridad Bancaria Europea, en todos los escenarios.

Así, sostuvo que el banco fue mejorando su posición desde el 2012, y que dos años más tarde, cuando el Banco Central Europeo asumió su vigilancia directa en el 2014, este era plenamente solvente.

Sin sus consejos / El exgobernador afirmó que nunca recomendó a Ángel Ron en el 2012 ni traspasar activos al denominado «banco malo», la Sareb, ni pedir ayudas públicas, porque tenían capacidad de hacer ajustes por sí solos.

Y acerca de los 108 días de gestión de Emilio Saracho, las noticias y los hechos que acontecieron a partir del primer trimestre del 2017, coincidiendo con el relevo efectivo en la cúpula, dinamitaron la confianza de los depositantes.

Tampoco ayudaron, explicó el exgobernador, ni el hecho relevante publicado por el Popular el 3 de abril –apenas dos meses antes de su resolución– en el que comunicaba la reexpresión de las cuentas del ejercicio anterior, que hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas, ni que se filtrara a los medios la salida del que era consejero delegado de la entidad bancaria, Pedro Larena.

Unas circunstancias que el propio Emilio Saracho, en la declaración que realizó el pasado mes de octubre como imputado, agrupó dentro de una suerte de «ley de Murphy», y que, para Linde, se vieron agravadas por las palabras de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, que en una entrevista nombró al Popular entre los bancos «vigilados», algo que provocó que el precio de sus acciones cayera un 3,6%.