El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ve "absolutamente legítimo" que se pudiesen volver a vincular las pensiones al IPC, si bien cree que debería ir aparejado a la aplicación "automática" de posibles medidas como la mejora de los "muy débiles y prácticamente inexistentes" incentivos para trabajar más allá de los 65 años, ampliar el periodo de cálculo para la pensión, aumentar los ingresos incluso con figuras impositivas e impulsar los planes de ahorro privado, como planes de pensiones o productos financieros como la licuación de patrimonio inmobiliario.
Durante su intervención en una conferencia telemática organizada este lunes por la Fundación Edad & Vida, Arce centró su intervención en los "importantes" retos del sistema público de pensiones, en un contexto de déficit del 1,3% del PIB de la Seguridad Social en 2019 y una presión al alza en el gasto de pensiones en las próximas décadas por el aumento de la tasa de dependencia ligada al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los 'baby boomers'.
A pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supusieron un "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera, Arce indicó que la suspensión de algunos elementos de estas reformas hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo, puesto que esto solo compensaría parcialmente la presión demográfica.
Si la tasa de empleo alcanzase el 80% en 2050, frente al 60% en 2019, reduciría el aumento del gasto en pensiones por el facto demográfico entre un 50% y un 73%, y el gasto en pensiones bajaría en 4,5 puntos, frente al aumento de 7,7 puntos debido al a demografía, según la AIReF.
Las proyecciones disponibles apuntan hacia un aumento sustancial de la tasa de dependencia, desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050, apuntó Arce, augurando un incremento del gasto en pensiones de entre 3,2 y 5,1 puntos de PIB en 2035 y entre 5,5 y 10,6 puntos porcentuales en 2050.
Pensiones e IPC
En ausencia de medidas adicionales, el Banco de España estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en algo más de 3 puntos del PIB en 2050.
Respecto a esta posible revalorización, Arce dijo no saber en qué términos se mueven las recomendaciones del Pacto de Toledo, si bien indicó que se han recibido señales "muy claras" de que una amplia mayoría del Congreso aboga por el mantenimiento del poder adquisitivo.
"No me sorprendería que se opte por la decisión de mantenerlo, me parece absolutamente legítimo, no tenemos absolutamente nada en contra", aseveró, si bien apuntó la conveniencia de que conforme se tomen decisiones que conlleven mayor gasto durante un largo tiempo se disponga de forma "automática" recursos para financiarlo.
Retrasar la edad de jubilación
Entre ellas, desplegó una batería de posibles opciones, incidiendo en que el retraso de la edad de jubilación es un elemento "potente" para moderar los gastos, ya que, según cálculos de la AIReF, por cada año de retraso de la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones en 2048 bajaría entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB.
En este sentido, apuntó que el efecto de la reforma de 2011 que fijó el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, tiene un "impacto limitado", ya que la edad efectiva es de 64,5 años respecto a los 65,8 años de la edad legal.
Admemás, recordó que varios países de la UE como Italia, Portugal, Finlandia o Dinamarca han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida.
Según indicó Arce, el sistema de pensiones genera un rendimiento real esperado por encima del 2% para un cotizante con una carrera larga, por lo que posponer la edad e jubilación actualmente "no genera un mayor retorno" en ese caso. A su juicio, los incentivos para retrasar la edad de retiro más allá de los 65 años son "muy débiles o prácticamente inexistentes", tal como también subrayó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá en su reciente intervención ante la Comisión del Pacto de Toledo.
De igual forma, planteó como opción alargar los años considerados para el cálculo de la base reguladora, lo que ha apuntado que provocaría una reducción de la pensión media y previsiblemente tendría mayor incidencia en rentas altas, y acercaría al sistema español a países como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia.
Aumento de ingresos y planes de ahorro
En cuanto a posibles medidas de aumento de ingresos, dijo que eliminar el tope máximo de cotización tendría un "potencial recaudatorio alto", si bien avisó de que podría afectar negativamente a la demanda de trabajo y generar un aumento del gasto de pensiones a futuro, salvo que se mantenga el límite impuesto para la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado.
Sobre un eventual incremento de la imposición, consideró que "puede ser una alternativa", pero recordó que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, la inciativa afectaría a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas, y podría tener implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.
Por otra parte, sobre el ahorro privado, explicó que en España aún hay "margen" para incentivar los planes de pensiones, ya que en 2017 solo un 23% de hogares españoles tenía un plan de pensiones individual, seis puntos menos que la media del Eurosistema.
Por ello, consideró que hay un contexto "idóneo" para desarrollar productos financieros "responsables y competitivos", como la 'licuación patrimonial' con hipotecas inversas o ventas de nuda propiedad para que los mayores puedan recurrir a su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros líquidos en condiciones "atractivas y seguras". En todo caso, precisó que estos instrumentos no pueden ser "sustitutivos" de las pensiones.
Incentivos fiscales al ahorro privado
El director general de Economía y Estadística del Banco de España también explicó que los incentivos fiscales al ahorro parecen tener un efecto "limitado", por lo que cree que hay que mejorar el diseño de esos incentivos, ya que actualmente se constata que se deja de ahorrar en otros instrumentos para ahorrar en estos de mayor beneficio fiscal. En este punto, instó a acometer mejoras en el sector bancario en lo referido a las comisiones de estos productos.
En cambio, opinó que la coyuntura de crisis actual "no es la más favorecedora" para introducir mecanismos que refuercen el sistema de previsión social, ya que "o los empleadores contribuyen más o los trabajadores, o una combinación de ambos", algo que cree que actualmente "se antoja potencialmente complicado".
Eso sí, instó a realizar un estudio "muy detallado" del modelo británico, puesto como ejemplo por el Ministerio de Seguridad Social, ante su "éxito" para la adhesión de este tipo de mecanismos.
Por último, sobre las llamadas 'cuentas nocionales', resaltó que proporcionan una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, aumentan la transparencia en los derechos de pensión y favorecen la toma de decisiones, pero no solucionan 'per se' la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema ni la incertidumbre asociada a las rentabilidades.
