El Santander y los sindicatos pactaron ayer un ajuste de plantilla de 1.100 empleados como resultado de la compra del Popular, el 30,5% menos de los 1.585 planteados inicialmente por el banco. El recorte afectará así al 15,7% de los 7.000 trabajadores de los servicios centrales corporativos del grupo, los de su filial en España y los del Popular, así como de las unidades territoriales.

El acuerdo fue suscrito por UGT, CCOO, FITC y STS, que suponen el 85,5% de los representantes de los trabajadores en la negociación. Estos sindicatos aseguraron ayer que las salidas serán voluntarias, «a través de prejubilaciones en su inmensa mayoría» para mayores de 55 años. Los de entre 50 y 54 años saldrán con las mismas condiciones que en el expediente de regulación de empleo (ERE) del Santander del 2016, incluyendo el pago por parte del banco de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de los afectados. En concreto, quienes se prejubilen con más de 55 años recibirán el 80% del sueldo, mediante renta mensual y con aportaciones al plan de pensiones siempre que se cuente con una antigüedad de al menos 15 años. De lo contrario, el prejubilado recibirá una indemnización de una sola vez y una prima de 2.000 euros por cada trienio completo cumplido en el banco.

Segundo ajuste en el 2019 / Para los mayores de 50 años con más de 15 de antigüedad, la indemnización será también del 80% del sueldo por ocho años, hasta un máximo de 380.000 euros, igualmente con 2.000 euros por trienio de antigüedad y una prima adicional de entre 19.000 y 30.000 en función de los años en el banco. Para los menores de 50 años, el pago será de 40 días por año con un límite de 24 mensualidade,s más dos primas en función de la antigüedad.

El nuevo ERE afecta al 3,1% de los 35.000 trabajadores que tienen las dos entidades españolas. Eso sí, el grupo tiene previsto emprender un segundo ajuste en la red de oficinas en el 2019, una vez haya implantado su plataforma tecnológica en las oficinas del Popular y las sucursales de ambas entidades sean polivalentes.

Los sindicatos firmantes lo consideran «un marco equilibrado» que permite que el ajuste que provoca la integración se haga de manera no traumática».