El conjunto de bancos andorranos (Andbank, BancSabadell d’Andorra, Crèdit Andorrà, MoraBanc y Vall Banc) registraron a finales del 2019 una cifra total de recursos gestionados de 49.714 millones de euros, lo cual supone un incremento del 11% respecto al 2018. Es, además, una cifra que se ha duplicado en la última década, según pone de manifiesto la asociación bancaria andorrana (Andorran Banking).
Las entidades financieras del Principado ha registrado, asimismo, un crecimiento de los beneficios agregados, con un alza del 12,5% respecto a la cifra del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 112 millones de euros. A pesar de la coyuntura económica de tipos de interés bajos y la adaptación continuada a la normativa bancaria internacional, que ha supuesto, entre otras cosas , mayores exigencias de provisiones y fuertes inversiones tecnológicas.
La directora general de Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha destacado que los bancos andorranos han conseguido transformar su negocio y recuperar la senda de beneficios crecientes. «El sector en Andorra ha conseguido volver de forma consolidada a unos beneficios crecientes contando con balances reforzados y rentables».
INVERSIÓN CREDITICIA
La inversión crediticia bruta se ha incrementado hasta los 6.059 millones de euros, un 2,5% más que en el 2018, un aspecto que denota el crecimiento de la demanda tanto por parte de clientes como de empresas. Durante el 2019, todos los bancos de la plaza han mantenido la calificación de riesgo internacional, lo que demuestra la confianza de las agencias de 'rating' en el sector. Asimismo, la rentabilidad financiera (ROE) se situó en un 7,76%, por encima de la media de los bancos europeos (6,60% según datos del BCE).
La ratio de solvencia CET1 (phase-in) era del 16,98% a 31 de diciembre del 2019, superior a la del ejercicio anterior, que fue del 16,30%, y por encima de la media de los bancos europeos, que se sitúa en el 14,37%. En el 2019 será el primer ejercicio en que las entidades presenten su ratio de solvencia según los criterios europeos de Basilea III, tras la entrada en vigor, en enero del 2019, de la ley de solvencia, liquidez y supervisión prudencial de entidades bancarias y empresas de inversión.
