La banca ha aprovechado la presentación de resultados semestrales de esta semana para mostrar su oposición frontal al impuesto a la banca que prepara el Gobierno. En un momento en que su rentabilidad está bajo presión por los tipos de interés en mínimos históricos, la tasa puede ser un duro golpe para su beneficio, su cotización y la remuneración que ofrece a los accionistas.

El que ha ido más lejos ha sido el Santander, que ha advertido que el impuesto le podría llevar a “replantearse su estructura legal” si el Ejecutivo trata de obligarle a tributar por los dividendos de sus filiales, por los que ya paga en los países de origen.

El BBVA, que hace unas semanas alertó de que la medida podría reducir y encarecer el crédito, ha sido más prudente y se ha limitado a reclamar que la fiscalidad no “penalice” el crecimiento y la creación de empleo.

CaixaBank también ha defendido que “no es el momento y no es buena idea”, si bien ha negado la posibilidad de plantearse cambios como los que esbozó el Santander: “No tenemos ninguna intención de alterar la estructura de nuestro grupo, no veo ningún motivo por el que tengamos que hacerlo”.

El Sabadell también ha pedido al Gobierno que “no meta más presión al sector”, ya que solo el anuncio de la tasa ha castigado la cotización de la banca en bolsa. Bankia, por su parte, ha alertado de que la aprobación del impuesto dificultaría la privatización de la entidad, y por tanto la recuperación de las ayudas públicas inyectadas en la entidad. “Cuál sea la tasa fiscal de Bankia en el futuro es relevante y afecta al precio de la acción”, ha argumentado.