La relación del BBVA con el excomisario Villarejo, que ha llevado al banco a ser imputado por tres delitos en la Audiencia Nacional, no pasa aún factura a su negocio y valor bursátil, pero sí a su imagen, según admitió ayer. «No nos gusta aparecer en los medios a diario. Evidentemente tiene un impacto reputacional», reconoció su consejero delegado, Onur Genç, antes de añadir que el grupo trata de gestionarlo colaborando con la justicia. «No vamos a hacer nada que pueda entorpecer la investigación judicial», sostuvo pese a no aclarar si recurrirá su imputación.

El ejecutivo turco destacó que los analistas no le preguntaron sobre el caso durante la presentación de los resultados del primer semestre. Tampoco, dijo, los inversores institucionales muestran «ninguna preocupación significativa». Sin embargo, admitió que es un asunto que aparece en su «diálogo constante» con los supervisores (el Banco Central Europeo y el Banco de España) y que tiene un impacto «a largo plazo» en los empleados y clientes.

Frente a ello, defendió que el BBVA es una «organización basada en valores» y con un «firme compromiso en aclarar los hechos y cumplir con la ley». El banco, aseguró, ha trasladado a la justicia los principales hallazgos de la investigación externa (forensic) que encargó a Uría, Garrigues y PwC y que, a su juicio, se ha completado en un tiempo récord, pese a haberse iniciado en enero. El análisis, puntualizó, está «básicamente completado», pero se podrían abrir nuevas líneas de investigación en función de los hallazgos de la causa judicial. De momento, el banco no ha hecho ninguna provisión para afrontar posibles penas económicas.

También mantuvo que la entidad ha tomado «medidas» en base a «hechos constatados», como reforzar «claramente» sus procesos de internos y prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, no quiso comentar si la destitución del responsable de control interno, Eduardo Arbizu, tiene relación con ello.