El BBVA puso ayer por escrito lo que lleva tiempo defendiendo: que su cúpula actual no jugó ningún papel en la contratación del excomisario Villarejo. El banco aseguró que de la «documentación relevante» obtenida en la investigación externa (forensic) que encargó a PWC en enero del año pasado no se desprende «ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad (Carlos Torres Vila), ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco».

Así lo recogió en su informe anual de gobierno corporativo, en el que, eso sí, reconoció que el análisis encargado a la firma especializada sigue «todavía en curso». También admitió que el resultado de la investigación abierta en la Audiencia Nacional es impredecible: «El citado procedimiento penal se encuentra en un momento incipiente dentro de la fase de instrucción, por lo que no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo, incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación del grupo».

El BBVA apuntó en el documento que «determinados directivos y empleados del grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros también están siendo investigados en relación con este caso». Entre ellos, el expresidente Francisco González y el exconsejero delegado Ángel Cano. Pese a ello y a su imputación como persona jurídica, afirmó que «hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación». El grupo también explicó que «desde enero de 2019, esta cuestión se ha venido reportando de manera recurrente» al consejo de administración, la comisión de auditoría y la comisión de riesgos y cumplimiento. Se trata de un punto llamativo, ya que las primeras informaciones publicadas por Público que vinculaban al banco con Villarejo le llevaron a abrir una investigación interna, previa a la que encargó a PWC, en junio del 2018. A raíz de ello, el consejo adoptó el año pasado distintas medidas de «refuerzo de los sistemas de control interno» de la entidad.