La Comisión Europea ha archivado el expediente abierto contra España por el trato fiscal favorable del que gozaban los puertos, después de que las autoridades españolas se hayan comprometido a aplicar a partir del 2020 el impuesto de sociedades a estas entidades.

La Comisión Europea había reclamado a principios de año la finalización urgente del régimen tributario favorable de que disfrutan los puertos, exentos del pago del impuesto de Sociedades en sus principales fuentes de ingresos: las tasas portuarias y los contratos de concesión. Bruselas ha defendido siempre que esas ventajas son una forma de ayuda de Estado incompatible con las reglas europeas.

Bruselas ha explicado este viernes que no puede reclamar las ayudas ya concedidas a los puertos españoles porque la exención del impuesto de sociedades ya existía antes de que España entrase en el bloque comunitario. El Ejecutivo comunitario abrió este procedimiento en enero, cuando concluyó de manera "preliminar" que el sistema tributario concedía a puertos españoles "una ventaja selectiva" que vulneraba las normas europeas sobre ayudas de Estado.

"La Comisión celebra compromiso contraído por España de abolir la exención fiscal en beneficio de los puertos españoles a partir del 2020, lo que ha permitido a la Comisión archivar el procedimiento relativo a España", ha informado la institución en un comunicado.

Por contra, Bruselas ha decidido abrir una investigación en profundidad a Italia, que recibió la misma advertencia que España pero se ha negado a modificar su legislación. Las autoridades europeas comprobarán ahora si sus sospechas iniciales son ciertas y este sistema otorga a los puertos italianos una ventaja fiscal ilegal.

La apertura de esta investigación ofrece a Italia y a otras partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones sobre la evaluación de las exenciones fiscales y la naturaleza económica de las actividades de los puertos. "Si los operadores portuarios obtienen beneficios de actividades económicas, deben ser gravados de la misma manera que otras empresas con arreglo a la legislación fiscal nacional ordinaria para evitar distorsiones de la competencia", ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.