Los aranceles provisionales del 25% que la Unión Europea aplica desde julio pasado a determinadas importaciones de acero de terceros países -y que expiran a comienzos de febrero- pasarán a ser definitivos. La Comisión Europea ha notificado oficialmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su intención de perpetuar este arancel porque la industria europea «no se ha recuperado plenamente» de la crisis del acero mundial y sigue teniendo que hacer frente a un aumento de las importaciones y a una presión a la baja de los precios.

La decisión preliminar tiene su origen en las medidas proteccionistas introducidas el año pasado por el presidente de EEUU, Donald Trump. A raíz del anuncio de Washington de establecer un arancel del 25% al acero procedente de terceros países, la UE puso en marcha una investigación para determinar si existía o no un desvío en los flujos hacia el continente europeo. La conclusión final, notificada a la OMC, confirma que «las importaciones al mercado europeo han aumentado de forma significativa» y que estas importaciones previsiblemente «seguirán aumentando».

Además, la situación se ha visto «agravada por el desvío comercial» derivado de las restricciones impuestas por la Administración estadounidense. Todo ello ha dañado salud de la industria del acero. «La industria siderúrgica de la Unión se encuentra en una situación de amenaza de daño grave para el producto afectado (acero), incluidas las 16 categorías bajo examen», sostiene la Comisión en su notificación.

Las medidas afectarán a 26 categorías de productos de acero para garantizar que no hay desvío comercial y que se mantienen los niveles tradicionales de importaciones en la UE. Cuando los contingentes superen un tope determinado se aplicará un derecho del 25%. Se trata del mismo sistema que se ha venido aplicando desde julio «con algunas variaciones para preservar los flujos tradicionales». Por ejemplo, los principales países proveedores se beneficiarán de cuotas individuales basadas en sus propias importaciones históricas.

El siguiente paso será que los 28 se pronuncien a mediados de enero sobre la decisión que pondría en vigor a principios de febrero, antes de que expiren las medidas provisionales. Una vez adoptadas estarán vigentes durante un periodo de tres años y podrán ser revisadas.