España se libró en verano por los pelos de ser sancionada con una multa de hasta el 0,2% del PIB (unos 2.000 millones) por no adoptar medidas para corregir el déficit público en el 2015. Cuatro meses después, el colegio de comisarios también salvará al Gobierno de Rajoy de la congelación de parte de los fondos estructurales asignados el próximo año. Bruselas entiende que el Gobierno en funciones ha adoptado “acciones efectivas” para cuadrar las cuentas y situar el deficit por debajo del 4,6% en el 2016 lo que llevará a una decisión de “no suspensión”, según fuentes comunitaria, de los fondos. Una conclusión que no le librará, sin embargo, de la presión sobre el Presupuesto del 2017 ya que el desfase que augura Bruselas para el próximo año roza los 8.000 millones.
El cierre anticipado del Presupuesto del 2016 y los anticipos de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades han sido suficientes para encauzar las cuentas públicas y contener el desvío presupuestario este año. Según avanzó el ministro Luis de Guindos la semana pasada, el impacto de ambas medidas será de entorno a 10.000 millones lo que permitirá a su gobierno cumplir "holgadamente" con el objetivo fijado para este año. No habrá por tanto castigo en forma de suspensión de ayudas ni a España, ni tampoco a Portugal, el segundo país sobre el que pendía la misma amenaza de la Comisión Europea.
El reglamento es claro. Una vez que el Consejo de ministros de economía y finanzas constata que un Estado miembro no ha adoptado medidas efectivas contra el déficit, Bruselas no tiene más remedio que proponer la congelación de Fondos. El Ecofin así lo dictaminó en el mes de julio pero Bruselas, dado que España -y también Portugal- ya se ha enmendado, se inclina simplemente por no castigar dado que ha desaparecido la razón que obligaba al Ejecutivo comunitario a actuar. Una conclusión en la que ha tenido en cuenta el sentir expresado durante el "diálogo estructurado" por la Eurocámara que desde el primer minuto calificó de absurda la congelación de fondos por el impacto negativo de la medida para los ciudadanos y las repercusiones ante una opinión pública muy sensibilizada tras años de recortes.
DICTAMEN NEGATIVO SOBRE EL PRESUPUESTO
Este balón de oxígeno llegará, no obstante, acompañado de un nuevo tirón de orejas en forma de dictamen negativo de las cuentas prorrogadas. El ejecutivo de Mariano Rajoy envió estando en funciones a mediados de octubre un borrador para 2017 sin cambios de política económica. Bruselas respondió varias semanas más tardereclamando un nuevo plan presupuestario "lo antes posible" dado que el remitido no garantizaba el cumplimiento de los objetivos.
Aunque en la Comisión son conscientes de las dificultades políticas a las que se enfrenta Rajoy para pactar unos nuevos presupuestos, este miércoles el colegio emitirá una opinión negativa y reiterará que España corre el riesgo nuevamente de incumplir el pacto de estabilidad y crecimiento. Guindos prometió por carta nada más renovar su mandato que enviaría un nuevo borrador "muy pronto", en cuestión "de semanas". En la Comisión Europea confían en tenerlo sobre la mesa para finales de noviembre.
Las últimas previsiones económicas de otoño, publicadas el pasado 9 de noviembre, auguran que el desfase presupuestario si el Ejecutivo del PP no adopta nuevas medidas de ajuste podría situarsecerca de los 8.000 millones de euros, ya que el déficit público en el 2017 se disparará según Bruselas al 3,8% en vez del 3,1% prometido en la nueva senda fiscal aprobada en verano (con un ajuste estructural del 0,5% en el 2017 y otro 0,5% en el 2018). Las últimas estimaciones además, y si no hay cambios, España seguirá en el 2018 con un agujero en las cuentas públicas del 3,2% lo que mantiene todas las armas en Bruselas encendidas.
