L a batalla de la Comisión Europea contra la tributación de Apple en Irlanda ha resucitado. Bruselas ha decidido contratacar contra la sentencia de la justicia europea que, a mediados de julio, anuló la histórica decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario en agosto del 2016 que impuso la obligación a Apple de pagar a la hacienda de Irlanda 13.000 millones de euros. La sanción, que incluía intereses y a la que se oponía también el Gobierno irlandés, estaba relacionada con los impuestos no pagados en el país entre los años 2003 y 2014 gracias a exenciones fiscales selectivas que Bruselas consideró ilegales.
«La Comisión Europea ha decidido apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la decisión de julio del 2020 sobre el caso de las ayudas estatales de Apple en Irlanda», confirmó ayer la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, tras la conclusión del análisis del fallo realizado por los servicios jurídicos de la institución.
Es una conclusión que Bruselas rebate. «La Comisión considera respetuosamente que en su sentencia el Tribunal General ha incurrido en una serie de errores de derecho. Por esta razón la Comisión va a llevar este tema ante el Tribunal de Justicia de la UE», anunció la política danesa sobre un fallo que plantea «importantes cuestiones jurídicas» en relación a la aplicación de las normas sobre ayudas de estado en los casos de planificación fiscal.
«Asegurarse de que todas las empresas, grandes y pequeñas, paguen su parte justa de impuestos sigue siendo una de las principales prioridades de la Comisión». En este sentido, recuerda que «el Tribunal General ha confirmado en repetidas ocasiones el principio de que, si bien los estados miembros tienen competencia para determinar su legislación fiscal, deben hacerlo respetando la legislación de la UE, incluidas las normas sobre ayudas estatales».
La Comisión Europea considera además que «si los Estados miembros otorgan a determinadas empresas multinacionales ventajas fiscales que no están a disposición de sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la Unión Europea, incumpliendo las normas sobre ayudas estatales», reafirma la política liberal danesa. Además aprovechó para insistir en que seguirá utilizando «todas las herramientas» a su disposición «para garantizar que las empresas paguen su parte justa de impuestos».
En este sentido, asegura que Bruselas seguirá realizando «esfuerzos para implementar la legislación adecuada para abordar las lagunas legales que se puedan producir y garantizar la transparencia» en el proceso. Hay más trabajo por delante, incluso para asegurarse de que todas las empresas, incluidas las digitales, paguen la parte que les corresponde de los impuestos donde tienen que hacerlo», insistió la vicepresidenta de la Comisión Europea.
La reacción del Gobierno irlandés no se hizo esperar. En un comunicado, el Ministerio de Finanzas que dirige el también presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, anunció que tomaba nota de la decisión y se tomará su tiempo para considerar la base legal.
De todas formas se reafirmó en el hecho de que nunca otorgaron ayudas ilegales. «Los hechos del caso establecidos por el Tribunal de General demuestran, como Irlanda siempre ha argumentado, que no se concedió una ayuda de Estado y que las filiales irlandeses de las compañías Apple pagaron toda la cantidad de impuestos debida», sostiene. El proceso judicial en Luxemburgo podría prolongarse otros dos años. Mientras, el dinero que Apple reembolsó –que a finales del 2019 suponía 14.020 millones– seguirá bloqueado. H
