El estado de salud de la economía española sigue mostrando señales de vulnerabilidad importantes y el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado «progresos limitados» para cumplir con las recomendaciones económicas de la Comisión Europea, que tiene dos focos de especial inquietud en los que no ha habido progresos: preservar un sistema de pensiones sostenible y el refuerzo del marco presupuestario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de alto endeudamiento público y privado.
Son algunos de los elementos recogidos en la radiografía anual realizada por el Ejecutivo comunitario, un examen de más de un centenar de páginas en el que España vuelve a salir reprobada por «debilidades estructurales» y un «legado de la crisis» que no ha superado. La deuda interna y externa, tanto pública como privada, sigue siendo muy elevada. El paro se ha reducido pero «demasiada gente permanece sin empleo o luchando por ganarse la vida dignamente» y la productividad sigue siendo muy moderada, debido a la baja innovación de empresas y regiones, la fragmentación regulatoria, las barreras del mercado, la segmentación laboral o la brecha en las cualificaciones.
sin fortalecer / A esto se suman un déficit público «obstinadamente alto», ya que el nivel de impuestos es bajo en relación al gasto, y unos «riesgos para la sostenibilidad fiscal global significativos a medio y largo plazo» debido a los limitados progresos por reforzar una gestión de las finanzas públicas que «no se ha fortalecido». La estructura de gobernanza recién creada no está «plenamente operativa» y la adopción de la estrategia nacional de contratación pública, prevista para el 2018, sigue retrasándose.
Uno de los principales focos de preocupación en Bruselas es el plan del gobierno de vincular las pensiones al índice de precios al consumo y disociar el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida. En ausencia de medidas compensatorias, advierten los expertos comunitarios, eso «aumentará significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeorará la equidad intergeneracional». Algo que «ocurre en un contexto en el que la adecuación de las futuras pensiones se situará de media por encima de la UE y en el que la pobreza afecta sobre todo a los grupos de edad más jóvenes, incluidos los niños», avisó Bruselas.
A ese problema se suma un mercado laboral con una tasa de temporalidad excesivamente elevada, del 26% y la más alta de toda la UE, que perjudica el crecimiento de la productividad, alimenta la desigualdad y la pobreza laboral. «Tiene un impacto negativo en la formación de capital humano», avisó la CE, que alerta también de que los contratos temporales son cada vez más cortos, se utilizan en sectores con escasa estacionalidad y que los subsidios al empleo «no son efectivos» para un empleo estable. Además de la elevada temporalidad laboral, Bruselas también censuró la decisión del Gobierno de elevar el salario mínimo un 22,3% en el 2019, sin cuantificar el impacto sobre el empleo y la pobreza, y alertó sobre los planes del Ejecutivo de revisar algunos aspectos de la reforma laboral realizada en el 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, según sostienen las autoridades comunitarias, ha servido para «respaldar una fuerte creación de empleo durante la recuperación» que empezó en el 2014.
«Es importante que cualquier nueva medida sea adoptada solo tras una cuidadosa evaluación de su impacto potencial y que los logros de las reformas pasadas sean preservados», advirtió la CE, que también alertó de la persistencia de una tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social elevada, especialmente entre los niños.
Por primera vez, el informe presta atención a los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y a los desafíos climáticos. Según el diagnóstico, España es uno de los países más expuestos al cambio climático, lo que genera importantes desafíos políticos «para la gestión del agua y los residuos, la eficiencia energética y los recursos, las emisiones y las energías renovables». Bruselas alertó de que las infraestructuras españolas para la gestión del agua y los residuos son desiguales y recordó que en algunas zonas urbanas la calidad del aire es un problema, al tiempo que los impuestos medioambientales siguen siendo de los más bajos de la UE.
En paralelo a ese ejercicio, la CE volvió a situar a España en el grupo de países con desequilibrios macroeconómicos junto a Portugal, Irlanda y Croacia por su elevada tasa de deuda pública y privada, interna y externa.
