Pese al cambio de gobierno en España, los reproches no han variado y el mensaje se repite año tras año en el examen de la Comisión Europea sobre la salud de la economía española. El crecimiento sigue siendo sólido, a un ritmo superior al del resto de países de la eurozona, pero es uno de los 10 estados miembros que siguen experimentando «desequilibrios macroeconómicos» por los altos niveles de deuda (tanto pública como privada), y, sobre todo, por las altas tasas de paro y la alta temporalidad en los contratos laborales.

El Ejecutivo comunitario reconoce en su informe que el crecimiento y el entorno de bajos tipos de interés han ayudado a mejorar la situación económica y que el paro sigue bajando. Pero hasta ahí todo lo positivo. España, en una situación política inestable que se ha traducido en una ralentización de las reformas, sigue registrando «desequilibrios» y no ha conseguido resolver el principal problema al que se enfrenta, por ejemplo, su mercado laboral: la alta segmentación y temporalidad.

La proporción de trabajadores temporales no ha aumentado sustancialmente en los últimos años, pero hay estados miembros que siguen experimentando niveles persistentemente superiores al 15%. Este es el caso de Eslovenia, Polonia, Portugal, Italia y Croacia, pero también España, donde el 60% de este tipo de contratos corresponden a jóvenes. «El uso generalizado de los contratos temporales frena el potencial de crecimiento y la cohesión social de España. Pasar de un contrato temporal a uno permanente sigue siendo difícil» y «las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para las personas que buscan empleo», avisa el informe. El problema, alerta Bruselas, es que más de la mitad de las personas que tienen contratos temporales no son capaces de encontrar empleos fijos.

El resultado es un riesgo elevado de pobreza y exclusión social entre los trabajadores, especialmente entre los autónomos, los trabajadores a tiempo parcial, los empleados inmigrantes de terceros países y los trabajadores temporales. Bruselas admite que el alza del salario mínimo en el 22,3% podría ayudar a reducir el riesgo de exclusión entre los trabajadores pobres, pero también minar la creación de nuevas oportunidades de trabajo entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados.

SIMULACIONES / El informe apunta a las simulaciones existentes que auguran que la reciente subida de hasta 900 euros destruirá 125.000 empleos o el 0,8% del total, un efecto negativo que sentirán especialmente mujeres, jóvenes, trabajadores poco cualificados y aquellos con contratos temporales. Según la Comisión, alrededor del 11% de los trabajadores recibirán este salario mínimo, frente al 4% en el 2017.

Constata, además, que las autoridades han adoptado medidas para modernizar los servicios de empleo públicos y la cooperación entre los servicios sociales, pero la capacidad de ayudar a los parados en busca de empleo y de responder a las necesidades de las empresas «siguen siendo limitadas». También ha habido «avances limitados» en la puesta en marcha de la ley de unidad de mercado.