La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado esta tarde que hasta el momento se han recibido 31.000 solicitudes de avales públicos para financiación que supondrán la movilización de unos 3.500 millones de liquidez para empresas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En estas operaciones, el Estado compromete avales por 2.747 millones en créditos destinados a solventar los problemas de capital circulante como consecuencia del cierre de mercados por el coronavirus.
Los avales públicos deberían solucionar los problemas de liquidez de las empresas, que pueden recurrir a financiar su situación con un aval público que llega al 80% del total en los nuevos créditos (del 70% en renovaciones) en el caso de las pymes y los autónomos. En el caso de las grandes empresas, los avales públicos llegan al 60% del total requerido. Calviño explicó que los avales públicos deben contribuir a mejorar la posición financiera de las empresas pero que los bancos deben también ofrecer mejores tipos y periodos de carencia. La vicepresidenta advirtió de que el Gobierno tendrá una actitud "vigilante con el Banco de España" para que las entidades concedan créditos a pymes y autónomos sin necesidad de contratar otro tipo de productos.
El monto total de los avales públicos previstos sería de unos 100.000 millones de los que unos 20.000 millones se empezaron a conceder este pasado lunes, según fuentes del sector financiero.
Calviño ha querido destacar "el compromiso público" de las patronales del sector financiero -AEB, CECA y Unacc- para cumplir con lo establecido y no ligar la concesión de créditos a otras operaciones. A día de hoy son ya 86 entidades las que han firmado el acuerdo para conceder estos préstamos avalados por el Estado y Calviño no ha entrado a valorar si será necesario ampliar la línea de avales, ya que con los datos expuestos queda margen hasta llegar a los 20.000 millones del primer tramo habilitado.
Los bancos han asegurado que esa cantidad ha quedado ya agotada si se tiene en cuenta la demanda de crédito que han tenido desde que se anunció la medida por parte del Gobierno, aunque al ICO no le conste aún todas esas peticiones porque los datos se van volcando progresivamente.
El Pleno del Congreso convalidará este jueves previsiblemente otras medidas económicas para afrontar la crisis que ha paralizado la actividad en España como consecuencia del COVID-19. Los tres decretos económicos previstos son sobre la limitación del despido vinculado al coronavirus, el del permiso retribuido recuperable y el que contempla diferentes medidas para ayudar a colectivos vulnerables y a pymes y autónomos.
Este jueves también se votará en el Parlamento una ley ómnibus que contempla más de 50 medidas dirigidas a colectivos vulnerables y autónomos y pymes. Entre estas medidas está la prestación especial para empleadas del hogar, para desempleados con contratos temporales sin derecho a paro así como los microcréditos para ayudas al pago de los alquileres o las moratorias para pagar las cuotas a la Seguridad Social y las deudas que tienen autónomos y empresarios. Este decreto incluye además la posibilidad de que con carácter excepcional los ingresos de la cotización por formación profesional de este año puedan destinarse a financiar subsidios de desempleo u otros programas de reinserción laboral.
