La desconfianza prevalece en las relaciones entre el Gobierno en funciones y el Govern de la Generalitat. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y el consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, han mostrado este martes sus discrepancias por el decreto ley que otorga al Gobierno poderes de control de las comunicaciones en internet y la creación de una agencia de ciberseguridad.
Ambos han participado en el acto inaugural del Digital Future Society Summit, una cumbre que reúne a expertos de todo el mundo para analizar las repercusiones éticas y legales del uso del reconocimiento facial y los datos biométricos en las ciudades inteligentes en el marco de la Smart City Expo World Congress 2019 en Fira de Barcelona.
En su intervención en el acto, el consejero Puigneró ha cambiado del inglés al español para poner énfasis en su critica a la política de control de las comunicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y en concreto al decreto ley que le permite intervenir y asumir el control de la infraestructura física y digital que soporta internet. "Con todo el respeto, para el Gobierno de Cataluña este decreto no es aceptable, pero para el conjunto de los españoles también es inadmisible", ha declarado Puigneró.
La ministra Calviño, que ha pronunciado el último de los parlamentos inaugurales de la cumbre, ha subrayado la necesidad de trabajar de manera conjunta y con lealtad para que los principios que han inspirado las democracias rijan la sociedad digital, "garantizando el progreso y el apropiado comportamiento del sector público", en clara alusión a la creación del la Agencia de Ciberseguridad, que pretende avanzar en los servicios digitales que ofrece la Administración catalana.
Nadia Calviño ha puesto énfasis en que la voluntad de la agenda del Gobierno es garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Tras el acto, en declaraciones a los medios sobre el comentario del consejero, la ministra ha considerado que Puigneró no ha "entendido" que el real decreto adoptado por el Gobierno "responde a los principios de interés general y a los valores asumidos por el orden constitucional". "Lamento que el consejero Puigneró no vea la necesidad de establecer unos procedimientos y un marco jurídico que garantice la protección de los ciudadanos en este nuevo entorno digital", ha declarado Calviño.
El Gobierno pretende establecer un marco legal común en España, mientras que la Administración catalana quiere dibujar un mapa de servicios autónomo, aprovechando el relativo marco legal existente. Calviño ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que los datos de los ciudadanos estén "adecuadamente protegidos, que van a estar adecuadamente utilizados y que el uso de las infraestructuras por parte de las administraciones públicas responde a los principios de interés general". La ministra ha manifestado su confianza en que el real decreto ley sea convalidado en los próximos días por el Congreso.
El Digital Future Society, un programa, impulsado por el Ministerio de Economía y Empresa y el Mobile World Capital Barcelona, analiza el impacto de la tecnología en la sociedad y la economía y colabora con World Economic Forum, Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas.
