En los procedimientos judiciales no es raro echar la culpa al muerto: no se puede defender y no tendrá que responder penalmente de los delitos cometidos. En la pieza del BBVA del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, lo más parecido a un muerto que hay es quien acaparó todo el poder y ahora carece de él: el expresidente de la entidad, Francisco González. Con independencia de que puede que él sí tenga que terminar respondiendo penalmente, a él es a quien apuntan todos con sus declaraciones.

El primero en situarlo en la diana ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón fue Antonio Béjar, exdirectivo del banco y hasta ese momento presidente de Distrito Castellana Norte. Tras enterarse por la prensa de su despido, no tuvo reparo alguno en explicar cómo se fraguaron los contratos por valor de 10,2 millones firmados entre el 2004 y el 2017 entre el banco y empresas del excomisario José Manuel Villarejo.

Según rezaba la carta en la que se comunicó el despido, «en el marco de la investigación forensic encargada por la entidad (...), se han podido detectar una serie de hechos o conductas que podrían implicar una actuación irregular y un incumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el momento de los hechos», lo que el imputado interpretó como que tenía muchas papeletas de responder de los delitos que conllevara el vínculo con el excomisario. Era responsable de Riesgos del banco cuando se firmó el primero contrato, que enmarcó en un deseo expreso del presidente de localizar bienes que hurtaran al banco sus grandes deudores. Primero se intentó con la multinacional Kroll, a propuesta del entonces consejero delegado de la entidad y actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, por haberla utilizado en Latinoamérica. No detectó bien alguno.

«Cuando me acompañó a la puerta, me dice ‘eso de las investigaciones patrimoniales es que esa empresa que habéis contratado no sirve: vais a trabajar con una que os va a contratar Julio Corrochano’», en referencia al entonces responsable de Seguridad del banco que conocía a Villarejo de la policía. Del pago se desentendió: «Yo no soy una persona con poder. El señor Barredo (responsable de contabilidad) reportaba al presidente directamente», aseguró.

Si en un principio fue para buscar bienes de morosos luego se acudió a Villarejo para desbloquear el proyecto Castellana Norte, ya cuando Béjar lo presidía en tanto que el BBVA era el principal accionista. El imputado aseguró ante el juez que lo hizo por recomendación de Corrochano y que ignoraba que Cenyt era del polémico excomisario. Todos los contratos menos uno fueron firmados por el encargado de Seguridad.

En uno de los audios intervenidos al excomisario preso desde noviembre del 2017 Corrochano le dice que «toda la obsesión» de FG, como él mismo admite que era conocido, es que no se le relacione con Villarejo. «Esas cosas se tienen, pero no se saben, que no se vea el origen en ningún sitio; ni en ningún papel que aparezca ni FG ni nada. Toda su obsesión es no aparecer en el papel, que no aparezca en nada que se pueda identificar la entidad. Esa es su obsesión total», explica Corrochano al excomisario en lo que parece un intento de evitar cualquier responsabilidad fiscal o penal.

En otra conversación, el exjefe de seguridad dice que el banco no quiere «dar mucha publicidad» a sus encargos, pero eso no tenía nada que ver con dinero en negro. «Quiero decirte que vamos a pedirlo por un extraordinario, para que no pase por ninguno de los otros negociados», le explica a Villarejo, para a continuación negar la hipótesis del pago en b: «Cuando le dije a mi presidente que podíamos pagar en el extranjero, dijo ‘no, no, Julio, no te equivoques: aquí no hay ni una peseta negra». Según el sumario, Corrochano cobró más de 70.000 euros del excomisario a través de una empresa de la que aparece como beneficiario. El objetivo era que pusiera los menos peros posibles a contratar a Villarejo.