CCOO y UGT han instado al Gobierno a que limite por ley los precios de los alquileres y que lo haga en base a los salarios medios de cada zona urbana. Con el objetivo de que ningún inquilino destine más del 25% o 30% de su salario a pagar el arrendamiento. Así lo han presentado este lunes en rueda de prensa los secretarios generales de las centrales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). También han planteado al Ejecutivo que aumente la inversión estatal en vivienda pública y que desincentive fiscalmente la inversión inmobiliaria.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, avanzó la semana pasada que el Gobierno llevará al Congreso antes de verano una ley para controlar los precios del alquiler, con la posibilidad de que los ayuntamientos puedan fijar topes máximos en las áreas con mayor inflación. Los sindicatos han instado al Ejecutivo de que vaya un paso más allá en su reforma y le han exigido que "explote todas las potencialidades" que ofrece la ley.

A este respecto, la propuesta conjunta de CCOO y UGT plantea controlar los precios del alquiler mediante el cruce de datos. Es decir, combinando el índice público de precios, que está preparando el Gobierno a nivel estatal, y el atlas de rentas, que ya elabora el INE. Y declara como "tensionadas" aquellas zonas en las que el coste del alquiler supere el 25% o el 30% de la renta media de los hogares. Y, en el esquema presentado por los sindicatos, serían los ayuntamientos y/o las comunidades autónomos quiénes decidirían como actuar para evitar la persistencia de dicha área tensionada. Las centrales instan a hacerlo por la vía de la limitación de subir los precios del alquiler mientras persista la "tensión" en el área.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado que la actual espiral inflacionista que vive el mercado del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, supone un "drenaje de salarios insostenible" para los trabajadores y que el Gobierno deben ponerle coto en la máxima celeridad. "Es momento de dejar de hablar y empezar a hacer", ha añadido su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

TRIPLICAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA

La propuesta sindical también aboga por grabar las viviendas vacías en zonas con tensión de precios, reformular los beneficios fiscales asociados al alquiler y favorecer las tasas específicas para limitar la vivienda turística; entre otros. Las centrales han instado al Gobierno a que aumente su inversión pública en políticas de vivienda, para alcanzar el 0,3% del PIB (lo que significaría triplicar la actual inversión estatal); con el horizonte de llegar al 1% a medio plazo. Ese primer aumento de la inversión pública debería traducirse, según los cálculos sindicales, en 100.000 nuevas viviendas públicas en cuatro años.

Sordo y Álvarez han anunciado que tienen agendada una reunión con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco David Lucas Parrón, para la semana próxima y que solicitarán una con el ministro Ábalos para trasladarle formalmente su propuesta. También tienen previsto iniciar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios a este respecto.