La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentó ayer su informe estratégico para la recuperación de la crisis del covid-19, poniendo sobre la mesa un escenario que empeora las previsiones iniciales que situaban hace unas semanas la caída del PIB en un 5%. Hoy lo coloca entre un 8 y un 15%. Para la CEOE las claves estarán en recuperar el control sobre los despidos (y los ERTE), evitar las subidas de impuestos y dar un mayor control a las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones empresariales para pilotar la desescalada.

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal empresarial, señaló en la presentación de este informe, elaborado con la colaboración de Deloitte y Esade, que es «una pena que (desde el Gobierno) no se haya contado con las organizaciones empresariales», porque son éstas junto a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las que disponen de mejor y mayor información sobre el ámbito local, pieza clave en la reactivación económica en el proceso de desescalada.

Desde la CEOE proponen nuevo modelo económico que fomente la competitividad española. En su informe se plantean tres escenarios, todos con impacto negativo sobre el PIB. En el mejor de los casos, sin un repunte de infecciones por el coronavirus en otoño, la caída del PIB se estima en un 8%. Si se produjese ese rebrote, la reducción del producto interior bruto podría colocarse en un 12%, mientras que en un escenario totalmente adverso que impacte sobre la movilidad y la actividad económica la reducción podría llegar a ser de un 15%.

Para la patronal es clave definir un buen escenario sanitario que permita afrontar la reanudación de la economía con total seguridad. A partir de ahí también reclaman que se «agilice la llegada de la liquidez a las empresas que han sufrido una reducción de ingresos por falta de actividad (obligada) y que deben seguir afrontando buena parte de sus costes». Esto supone agilizar el proceso administrativo de las líneas ICO. La protección de las empresas para evitar los cierres pasaría por evitar el aumento de los impuestos y la carga tributaria a las empresas. Además, habría que «suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en ERTE y reducir las cuotas sociales para las empresas que se comprometan a mantener el empleo».