La patronal CEOE considera que tras el parón de la construcción en España (por el estallido de la burbuja inmobiliaria) "ha llegado el momento" de su recuperación y cifra en 150.000 nuevas viviendas al año la velocidad de crucero que debe alcanzar el sector para cubrir la demanda de las familias en los próximos ejercicios.

Según el presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, Juan Lazcano, este ritmo sostenido de construcción de nuevas viviendas permitiría la creación de 500.000 puestos de trabajo. El también presidente del Consejo Nacional de la Construcción (CNV) ha presentado este martes un informe con propuestas para reactivar el sector. “La existencia de un stock (de viviendas sin vender) no debe marcar el ritmo de producción de vivienda en España”, ha afirmado.

Lejos de las 800.000 viviendas al año iniciadas en el 2007, en el 2015 se terminaron 45.630 unidades. En los siete primeros meses del 2016 se ha producido un descenso el 10% respecto al mismo periodo del 2015, mientras que las operaciones de compra-venta crecen por encima del 15%. Según Lazcano, "la demanda de vivienda, solvente y con financiación es muy superior al número de viviendas nuevas al año.

VIVIENDAS EN ESTOC

Se estima que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, aún existen entre 300.000 y 500.000 viviendas nuevas sin vender, la mayor parte de ellas en poder de las entidades financieras o del llamado 'banco malo' (la Sareb).

Sin embargo, según el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado, este parque de viviendas está distribuido geográficamente de forma "muy desigual". En ciudades como Madrid o Barcelona "no existe remanente" y ya solo hay un "estoc técnico" ligado a las viviendas construidas en el año. En otras ciudades, como Málaga, sí existe un parque de viviendas más antiguas sin vender, "pero ha quedado obsoleto o se ha vandalizado".

Para impulsar la "refundación" del sector, CEOE plantea reformas en la legislación urbanística y técnica para reducir las trabas burocráticas y flexibilizar el régimen de protección oficial. También se propone aliviar la carga tributaria la vivienda nueva que, según el estudio, llega al 25% del valor del inmueble.