L os planes del Gobierno de reiniciar y dar un acelerón a su contrarreforma laboral han despertado un rechazo frontal entre la patronal española. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó de «locura» y «hecatombe para la confianza» empresarial el anuncio del Ejecutivo de pretender abordar cuestiones como la subcontratación, la ultraactividad o la prevalencia del convenio sectorial antes de finalizar el año. Los sindicatos, por su parte, aplaudieron que Pedro Sánchez rescate en su agenda una derogación -que pasará más bien por una nueva reforma- que llevan ya desde la pasada legislatura esperando.

«Tiene poco sentido sentarnos a hablar de estas cosas en un momento extraordinario como el que vivimos», afirmó Garamendi en los micrófonos de Onda Cero. Y el parecer contrario manifestaron los sindicatos, que ven más urgente que nunca abordar estas cuestiones para que evitar que las empresas tiren de la herencia laboral del PP para ajustar mediante devaluaciones salariales sus balances. «Hay que hacerlo ahora, porque sino en la última parte del año los salarios en nuestro van a caer de una forma importante», señaló el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en TVE.

En lo que están de acuerdo patronal y sindicatos es que la lógica partidista y parlamentaria amenaza con enturbiar las negociaciones del diálogo social. «La reforma del 2012 se hizo por real decreto y sin consultar con nadie, ahora por lo menos va a haber un proceso de diálogo», declaró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El último episodio entre el PSOE y Bildu en el Congreso todavía está reciente en la memoria. «Si no influyera la política en esto, estoy seguro que llegaríamos a acuerdos incluso en la reforma laboral», afirmó Garamendi.

La prevalencia del convenio sectorial sobre el de la empresa, por su parte, evita que una empresa decida crear su propio convenio, con unas condiciones inferiores a las negociadas para todo el sector.

Estos son los puntos que retomará ahora el Gobierno. Otros como la reforma del sistema de protección por desempleo o el coste de las indemnizaciones por despido son compromisos que también figuran en el acuerdo del Gobierno de coalición y que tiene pendiente de comenzar abordar el Ministerio de Trabajo. H